En medio de la caída de los ingresos petroleros, el próximo presidente de Colombia tendrá que impulsar cuanto antes en el Congreso reformas fiscales para evitar que el país pierda el codiciado grado de inversión y el flujo de inversiones que viene con él.
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El país con una economía en recuperación después de golpes como el escándalo de corrupción de Odebrecht, que frenó proyectos de infraestructura, huelgas de camioneros y agricultores y fenómenos climáticos. “Si yo, como Gobierno, no me ocupo de mostrar una consolidación fiscal en los primeros seis meses, en enero o febrero del año entrante Moody’s y Fitch nos van a hacer un downgrade”, opinó Munir Jalil, economista Jefe de Citibank. La economía -con un PIB de US$324.000 millones- recortó en los últimos dos años a la mitad el ritmo promedio de crecimiento anual de las últimas tres décadas. Sin importar quien gane, economistas, académicos, gremios y empresarios coinciden en que el nuevo mandatario tendrá que buscar una reforma tributaria para sustituir impuestos que vencen este año y compensar el desplome de ingresos petroleros, que en los últimos tres años cayeron 40%.
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De acuerdo con los objetivos anuales del país, el déficit fiscal tiene que ir disminuyendo gradualmente desde la meta de este año del 3,1 % del PIB hasta un 1,5% en el 2022. S&P rebajó en diciembre la calificación crediticia de Colombia a ‘BBB-’ desde ‘BBB’ y en febrero Moody’s redujo el panorama de su nota a ‘negativo’ desde ‘estable’.
La agencia Fitch mantuvo recientemente la calificación del país en BBB con una perspectiva estable, pero alertó que será difícil lograr el objetivo fiscal de 2,4% del PIB el próximo año si no toma medidas adicionales. Colombia está escuchando a las calificadoras, porque fondos de inversión extranjeros mantienen US$25.500 millones en deuda pública.