Se aplicará a los patrimonios líquidos, que como en ocasiones anteriores, deberán asumir todos los declarantes de renta. Los recursos que el Gobierno espera recaudar con el gravamen, y según lo señaló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sumarían por lo menos tres billones de pesos. Pero las cosas aún no están del todo definidas. Si bien se sabe cuánto esperan recaudar y que se radicará el 20 de julio próximo, en forma separada del proyecto de reforma tributaria que se ambienta desde el miércoles, no se sabe exactamente a partir de qué valor patrimonial se aplicaría el nuevo tributo, pero Carrasquilla dijo que sería para sectores de altos ingresos. En lo que toca a la tarifa, según el Ministro, sería del 1 por ciento, y el gravamen se pagaría en dos años. ¿De qué depende la determinación del patrimonio a partir del cuál se cobraría? De los requerimientos que termine de definir y pulir el Ministerio de Defensa. El flujo de caja del impuesto deber ser igual al flujo de caja que requiera el Ministerio de Defensa, explicó el director de la Dian, Oscar Franco. En todo caso, hay que recordar que el último impuesto de este tipo que se implementó en el país fue en agosto del 2002 recién posesionado el presidente Uribe, al amparo de la declaratoria de la Conmoción Interior. En esa ocasión, se determinó que los sujetos pasivos del gravamen serían todos los declarantes de renta, que tuvieran patrimonios líquidos superiores a los 169,5 millones de pesos. La tarifa del gravamen fue del 1,2 por ciento. Se cobró por una sola vez, divido en cuatro cuotas, y el recaudo llegó a los 2,52 billones de pesos, incluidos algunos aportes voluntarios, y lo pagaron 315.338 personas, entre empresas y personas naturales. Así las cosas, aunque algunas fuentes señalan que en principio y de manera general en el Gobierno se ha hablado de que lo pagarían los patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos (que es el monto que rige para el impuesto al patrimonio que está vigente hasta diciembre próximo a la tarifa del 0,3%), éste valor se podría reducir. Teniendo en cuenta la meta de recaudo y la tarifa que posiblemente sería (muy similar a 2002) significaría que podrían se responsables los patrimonios similares a los de la Conmoción Interior: entre 170 y 200 millones de pesos. Aunque hay que recordar que hoy declaran renta los que tengan un patrimonio superior a 84880.000 pesos. Otros hablan de que podría ser para los patrimonios superiores a los 500 millones de pesos y que hasta se podría dividir la tarifa: es decir, que en el primer año sea del 0,5 por ciento y en el segundo otros 0,5 por ciento. En todo caso, todo está en estudio del equipo económico del Gobierno y en los próximos días se darían las definiciones del caso. Los recursos que se recauden por ese nuevo aporte se destinarán, y según lo ha dicho el presidente Uribe, a la compra de equipamento nuevo para las Fuerzas Militares, esto a diferencia del impuesto de agosto de 2002 que fue para aumentar el pie de fuerza de los organismos de seguridad. 2,52 billones de pesos se recaudaron con el impuesto para preservar la seguridad democrática creado en agosto de 2002 por una sola vez y al amparo de la Conmoción Interior. Otros tributos para defensa en Colombia En los últimos 15 años, los colombianos han debido pagar por aportes extraordinarios para el restablecimiento del orden público cerca de 9,8 billones de pesos, a pesos de 2006, según cálculos de la Dian. - En 1991, al amparo del Estado de Sitio, se estableció un anticipo de la contribución del año gravable 1991 con base en la declaración de renta del año gravable 1990. - En 1992 se autoriza la emisión de Bonos de Desarrollo Social y Seguridad Interna por 270.000 millones de pesos. - También en 1992 , se establece la contribución mensual sobre producción o exportación de petróleo crudo, gas libre, carbón o ferroníquel. - En 1996 se autoriza la emisión de Bonos de Seguridad Interna por 600.000 millones de pesos, con plazo de cinco años. - Durante el año 1997 se crea una contribución especial del 5 por ciento en los contratos de obras públicas. - En ese mismo año y en la misma Ley 418, se crea el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. - En 1998, nuevamente se echa mano de los Bonos de Seguridad Interna por dos billones de pesos, con un plazo de siete años. - En el 2002 se declara el Estado de Conmoción Interior por 90 días y al amparo de éste se crea el impuesto para preservar la Seguridad Democrática. Era para los declarantes de renta a la tarifa del 1,2 por ciento, que en ese momento tuvieran patrimonios líquidos superiores a los 169,5 millones de pesos.
