Mandatarios electos piden ayuda a la DAF por desgreño de sus antecesores. A menos de mes y medio de que los actuales alcaldes y gobernadores entreguen sus cargos y pasados ocho años de la implementación de la Ley de Reestructuración de Pasivos o Ley 550, las cosas en materia fiscal para algunas regiones lucen mejor, pero en cambio en otras ya están pidiendo auxilio, los mandatarios elegidos. A las que les va bien, las cifras señalan que de un déficit de casi 2 billones de pesos en el año 2000, pasaron a un superávit cercano a los 1,2 billones de pesos en el primer semestre del 2007, según las cifras del Confis. Sin embargo, y por las consultas que han hecho los mandatarios electos a la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda, se prevé que un buen número de departamentos y municipios se acogerá desde enero a la Ley 550, que para el caso de los entes territoriales sigue vigente. Son varios los gobernadores electos que han venido a mi oficina y me han dicho que en los empalmes que han hecho con los mandatarios salientes, se han dado cuenta de que las cosas no están tan bien, y que ven altas posibilidades de acogerse a la figura de la reestructuración de pasivos. Han venido los nuevos gobernadores de Córdoba, de Santander y del Valle del Cauca, entre otros, así como de varios municipios, y la mayoría son candidatos a la reestructuración de pasivos, explicó Ana Lucía Villa, directora de la DAF. Aunque la Ley de Reestructuración de Pasivos en su momento fue usada por un buen número de empresas privadas para salir de la crisis financiera, no fue igual con los entes territoriales. De las 1.130 regiones, entre departamentos y municipios, solo 75 la usaron, según un balance de la DAF, cuyas acreencias al comienzo sumaban aproximadamente 4,5 billones de pesos y hoy ya se han reducido a 1,2 billones de pesos. En su momento se acogieron pocos porque tenían la alternativa de adoptar una política de saneamiento fiscal, otros no lo hicieron porque no tenían embargos sobre sus cuentas y otros porque simplemente no quisieron, explicó Villa. Hay que señalar que a la lista se suma la Universidad del Atlántico, que solicitó entrar en reestructuración de pasivos en el 2005. Del total de entidades territoriales, 10 son departamentos y 65 municipios. El informe de la DAF señala también que de esos 75 entes territoriales, nueve fracasaron en el acuerdo de reestructuración de pasivos. El último caso fue el del Chocó, que precisamente se dio por terminado el pasado mes de junio por parte de los acreedores ante el incumplimiento del departamento para pagar. Fracasaron también: Guapi (Cauca), Tadó (Chocó), Sabanalarga, Soledad y Malambo (Atlántico), Corozal (Sucre), Plato (Magdalena) y Mocoa (Putumayo). Y en la lista de los llamados a fracasar, según la DAF, están Barranquilla y Santa Marta, por el incumplimiento y por el manejo que le dan a sus finanzas. Pero ¿por qué fracasaron quienes no siguieron con los acuerdos? No cumplieron con los compromisos que adquirieron con los acreedores, destinaron los recursos a otras cosas y sus deudores se cansaron y prefirieron dar por terminados los acuerdos. Estas entidades quedan en el peor de los mundos: se les reanudan los procesos judiciales que había en su contra, se les imposibilita para acceder a créditos y quien define en qué se van los recursos es el juez.Los juiciosos con la tarea presupuestalHay 11 entidades territoriales que ya llegaron a feliz término en sus acuerdos y hoy están más relajados en materia fiscal. Ellas son: Vichada, Becerril (Cesar), Guainía, Belén de los Andaquies (Caquetá), Caucasia (Antioquia), Condoto (Chocó), Códoba (Quindío), Maicao (La Guajira), Cartago (Valle del Cauca), Providencia (San Andrés) y Mariquita (Tolima). En lo que toca a los que terminaron con éxito sus acuerdos, todos lo hicieron antes del tiempo que se tenía previsto. Muchos de esos hicieron acuerdos a 15 años, y culminaron en un promedio de cinco años. El primero que lo hizo fue el municipio de Córdoba en el Quindío, en el 2005. Además del acuerdo, hizo una reestructuración en la administración municipal y en ese momento pasó de una nómina de 29 empleados a nueve, incluido el alcalde. Con los que no cumplieron, Los jueces ordenan embargos y como las mayores acreencias son las laborales, pensionales y de seguridad social, se les embargan recursos que van para la salud y la educación, aunque la Ley lo prohíbe, explica Villa. De los 1,2 billones de acreencias, un 25 por ciento corresponde a dos grupos: al de las laborales y pensionales y al de entidades públicas y de seguridad social (fondos de pensiones, parafiscalidad y el ISS). Los otros grupos son: deudas financieras, que hoy marchan bien, y el de los contratistas y proveedores. 11 entidades territoriales han culminado con éxito sus procesos de reestructuración ante Hacienda.
Finanzas
27 nov 2007 - 5:00 a. m.
De nuevo, las regiones piden pista para Ley 550
ACLARACIÓN. EN LA EDICIÓN DE AYER SE PUBLICÓ UNA NOTA SOBRE EL BALANCE QUE HA ARROJADO LA LEY 550 PARA MUNICIPIOS Y DEPAR- TAMENTOS. EN ELLA APARECE QUE LOS MANDATARIOS ELECTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA, SANTANDER Y VALLE DEL CAUCA SE VERÍAN OBLIGADOS A ACOGERSE A LA NORMA. LO CORRECTO ES QUE MANDA- TARIOS ELECTOS DE MUNICIPIOS DE ESOS DEPARTAMENTOS, AL ENCONTRAR PROBLEMAS FINANCIEROS, PODRÍAN IR A LEY 550, PERO NO LOS DEPARTAMENTOS. OFRECEMOS DISCULPAS.
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save_article.message.success_title save_article.message.successsave_article.message.success_updated_title save_article.message.success_updatedHa ocurrido un error al intentar guardar este artículo
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