Menos oferta impulsaría precios de la vivienda en Colombia

Un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advierte que antecedentes como la desaceleración en el ingreso de los hogares y los problemas en la gerencia de servicios públicos, especialmente en Bogotá, harían que los precios de la vivienda aumentarán más.

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febrero 26 de 2013 - 12:48 a.m.
2013-02-26

Según el documento, “de no obrarse con premura, esa retracción de la demanda y el artificial incremento de los precios –que se ubican cerca de un 30 por ciento real por encima de su media histórica- podrían iniciar un “rasgamiento” de la burbuja hipotecaria.

Esto quiere decir que, al menor dinamismo local (en el sector minero-energético, en la industria y en el comercio), los hogares sentirán que su ingreso disponible no es capaz de “equilibrar el mercado a esos valores vigentes de la vivienda”.

Según Anif, en ese entorno, hoy el mercado edificador en Colombia se encuentra en una etapa de reacomodamiento, donde la escasez por cuenta de choques a la oferta está, en el corto plazo, encareciendo aún más sus precios.

“Es urgente, entonces, que el gobierno nacional continúe tendiendo puentes de entendimiento con el Distrito de Bogotá, con el fin de agilizar la disponibilidad de suelo urbanizable y de los servicios de agua y alcantarillado que habiliten sus licencias”, recalcó el documento.

Por su parte, y por el lado de la demanda, también es importante tomar conciencia del posible anticipo del fin del auge minero-energético, lo cual llevaría también a un posible “rasgamiento” de la burbuja hipotecaria.

Y agrega que, por el lado de la oferta, se estima que el costo de los terrenos ya incide hasta en un 20 y 25 por ciento del precio final de una casa o apartamento, con el agravante de que el nuevo marco regulatorio ha frenado la disponibilidad de suelo por cuenta de deficiencias en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), fallas en la incorporación de nuevo suelo urbano a nivel territorial y carencia de adecuada infraestructura vial y de servicios públicos.

“El caso más agudo es el de Bogotá, donde se enfrentan grandes limitaciones, entre ellas la incertidumbre sobre la declaratoria de construcción prioritaria (Ley 388 de 1997), los inconvenientes en el suministro de los servicios públicos de agua y alcantarillado y el negativo impacto que podrían tener algunas normas contenidas en el proyecto de modificación del POT”, concluye.

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