Opiniones encontradas

Es hasta cierto punto paradójico que el mismo día en que el presidente Uribe, en la cumbre de Jefes de Estado celebrada en Chile, hacía la apología de las ventajas tributarias otorgadas de manera generosa, el informe de visita del Fondo Monetario Internacional, destacara la necesidad de una nueva reforma tributaria que contemple la eliminación del impuesto a las transacciones financieras y la reducción de los denominados estímulos tributarios.

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noviembre 15 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-15

El asunto no es nuevo, ni tiene nada de original. Desde hace mucho tiempo se ha debatido; solo que los resultados no han sido los deseados, pues el poder de ‘convencimiento’ de los promotores de esas formas de dirigismo fiscal han mantenido a los gobiernos -son varios- convencidos de sus supuestas bondades. Así, con el decidido apoyó de un grupo de congresistas que han asumido la vocería, no de todos los colombianos, sino de los llamados rentistas del presupuesto, la legislación tributaria está plagada de beneficios que cubren desde hoteles y cultivos de tardío rendimiento, hasta usuarios de zonas francas y zonas geográficas afectadas por desastres naturales. Pero las cosas no paran ahí; después de la crítica situación que vivió la política fiscal, ha resultado imposible la eliminación del gravamen a las transacciones financieras, incrustado en la normatividad como transitorio para evitar la hecatombe. Sin duda, este impuesto se ha convertido en una fuente importante para la financiación del gasto público, al punto que en el 2006 el recaudo alcanzó cerca del 1 por ciento del PIB (para ser más exacto el 0,8). No obstante la ventaja que reporta para el sistema lo económico del recaudo y su monto, es un hecho que genera ineficiencias importantes en el sistema bancario, dado que obstaculiza la intermediación financiera, fundamental para el funcionamiento de varios sectores, entre ellos el comercio. Con las estadísticas monetarias a la mano, se puede demostrar fácilmente que la tendencia a la elusión del tributo es alta. Mientras el efectivo en circulación creció al 30 por ciento anual durante el 2006, la inflación lo hizo por debajo del 6 por ciento. Es cierto que entre muchas personas existe el convencimiento de que es un impuesto que afecta en forma negativa a casi toda la economía, no solo por anotada des-intermediación financiera, sino por el perjuicio que les causa a los ahorradores. Sin embargo, piensan que el Gobierno no lo elimina, porque no tiene forma de reemplazarlo, o no cuenta con el respaldo político para proponer la reforma estructural, tan publicitada en los últimos tiempos. Ahora bien, en lo que toca con los incentivos tributarios, defendidos a capa y espada por el Primer Mandatario, porque, según él, inducen una dinámica de crecimiento de la economía muy positivo, hay que anotar por millonésima vez que, en general, no son una buena fórmula para mejorar la situación de los sectores favorecidos -valdría la pena examinar lo ocurrido con las Leyes Páez y Quimbaya-, ni mucho menos de la política fiscal. Para no ir tan lejos, valga anotar que si se tiene en cuenta que el recaudo por el impuesto sobre la renta en el 2006 fue de 6,7 por ciento del PIB, y el costo fiscal de todas las exenciones, deducciones y descuentos alcanzó un porcentaje de 1 por ciento del PIB, se llega a la conclusión de que es una magnitud bastante alta para las posibilidades fiscales del país. Si bien varios países pequeños y medianos ofrecen incentivos tributarios, así como regiones y Estados de países grandes, esto no puede servir de base para montar toda una política. La efectividad de los incentivos depende de la clase de inversionista, del tipo de incentivo, del grado de competencia por la inversión, de las características del lugar y de la respuesta de otros países al aumento o al descenso de los incentivos de sus competidores. Ex ministro de Agricultura Con las estadísticas monetarias a la mano, se puede demostrar fácilmente que la tendencia a la elusión del tributo es alta”.

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