Ortega ante el terrorismo

La Corte Penal Internacional impone la modernización de los sistemas penales de sus Estados miembros tipificando los 'crímenes internacionales'.

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julio 25 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-25

Este 20 de julio, el mundo entero repudió el secuestro y reiteró su voluntad de paz. Un hecho que, por su pluralidad y dimensión, no tenía antecedentes en nuestra historia. La solidaridad humana y el milagro de las comunicaciones lo hicieron posible. No fue una coincidencia que nuestra efemérides de independencia se haya constituido en el eje de esta gran convocatoria. Cincuenta años anegándonos en sangre más episodios recientes de liberación sirvieron, al fin, para que desde todos los puntos cardinales de la tierra sus pueblos se notificaran, que el secuestro sí es la más siniestra expresión del terrorismo.

Ahora, con la captura del 'carnicero de Sarajevo' y el salvajismo de Daniel Ortega, resulta oportuno recordar que en el 2002, Colombia ingresó a la Corte Penal Internacional -CPI- creada por El Estatuto de Roma en 1998. Es decir, se incorporó a una verdadera revolución jurídico-política que otorga cobertura universal, una vez cumplidos los trámites correspondientes, al nuevo tribunal encargado de investigar a quienes violen el Derecho Internacional Humanitario - DIH- que sustrae a la población civil de los efectos de la contienda armada y regula con severas restricciones el enfrentamiento militar.

La CPI busca llevar ante la justicia a los individuos y no a los Estados, a diferencia de la Corte Interamericana. Su conquista más trascendental ha consistido en ser un ente sin limitaciones cronológicas y geográficas. Por su parte, el DIH es un código ético jurídico con carácter vinculante, toda vez que las normas que lo integran se refieren a derechos irrenunciables de la persona humana. Así se ha puesto en jaque a la impunidad reinante frente a los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. En Colombia, el paso del tiempo se ha encargado de demostrar que las Farc y afines, magnetizadas y embrutecidas por el narcotráfico y el secuestro, han abandonado cualquier fundamento ideológico que pudieran haber tenido en sus orígenes.

No hay que olvidar que desde el Juicio de Nuremberg, y luego con tribunales ad-hoc en casos como Ruanda y la antigua Yugoeslavia, se echaron las bases para la creación de un organismo con poder coercitivo, capaz de poner en capilla conductas tan aberrantes y sanguinarias tipo Milosevic, Pinochet y Karadzic. La CPI bloquea los refugios y las complicidades nacionales de todos aquellos criminales -no solo ex gobernantes- que desde el poder público y, también, desde la insurgencia delinquían sin consecuencias penales a través de masacres, extorsiones, secuestros y toda clase de acciones terroristas.

El Estatuto de Roma puso en marcha un tribunal permanente, conformado por 18 magistrados con un mandato de nueve años. Su normatividad es subsidiaria de la legislación interna, y destinada a complementar los sistemas de justicia nacionales, cuando los Estados sean incapaces o carezcan de voluntad de investigar y juzgar a los criminales con el debido rigor.

La CPI impone la modernización de los sistemas penales de sus Estados miembros tipificando los 'crímenes internacionales' y fortaleciendo la independencia del Poder Judicial. Por razones de la esencia misma del Derecho y de lo que se llama la real politik, sus acciones no tienen carácter retroactivo. Al respecto, valen tres observaciones: no es cierto que este organismo reemplace la 'justicia doméstica', mientras ésta asegure eficacia y transparencia, tampoco atenta contra la potestad y soberanía de los Estados que hacen parte, ni es impedimento para ningún proceso de paz y menos un mecanismo para amparar el desconocimiento de las garantías fundamentales.

Volviendo al tema de las marchas históricas de este 20 de julio, vale repetir la razón de Íngrid a la guerrilla para que "vea la mano tendida del presidente Uribe y entienda que ya no es hora de derramar más sangre".

Adenda: ¿el jurásico y corrupto Daniel Ortega esta corriendo el peligro de caer en la jurisdicción de la CPI?

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