Parafiscales, sí y no

El debate sobre los aportes parafiscales sube de tono. Según la definición de la Ley 225 de 1995, los aportes parafiscales se aplican a un grupo específico y se ejecutan en beneficio de ese grupo.

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abril 26 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-04-26

El debate sobre los aportes parafiscales sube de tono, y en todo foro académico, gremial o político aparecen críticas, casi siempre con la repetición de lugares comunes y poco sustento empírico.

El hecho de que a los aportes para salud, pensiones, riesgos profesionales se agreguen las contribuciones al ICBF, al Sena y a las Cajas de Compensación; y que ello represente una parte significativa de los pagos que recibe el trabajador, ha dado paso a análisis simplistas que suponen que su eliminación conducirá automáticamente al aumento del empleo. Sobre todo, porque, vacaciones, cesantías y algunas primas conforman una gama amplia de pagos.

Según la definición de la Ley 225 de 1995, los aportes parafiscales se aplican a un grupo específico y se ejecutan en beneficio de ese mismo grupo. La Constitución de 1991 prohibió las rentas públicas de destinación específica, pero mantuvo los aportes derivados de la nómina de trabajadores formales, pero la tendencia al aumento del trabajo informal ha reducido la base sobre la cual se aplica la parafiscalidad.

Adicionalmente, no siempre los recursos ejecutados por las Cajas se quedan en sus afiliados: una droguería o supermercado está abierto a todo el público, y aunque ello puede verse como un fenómeno de solidaridad, no constituye un beneficio exclusivo para el grupo de afiliados. Además, están avanzando a crear universidades, cuando hay una grave carencia de viviendas, que ellas podrían contribuir a resolver.

Por lo que toca a funciones como la atención a la maternidad y a la niñez, o la formación de los trabajadores, resulta obvio que son responsabilidades que el Estado debería atender con fondos fiscales. Pero trasladarle esas funciones en un escenario de déficit fiscal puede conducir a nuevos impuestos de recaudo y ejecución centralizada, con riesgo de deterioro de un servicio de reconocida eficacia, administrado de modo bipartito por trabajadores y empleadores.

Stefano Farné (¡Sobrecostos salariales han bajado...!, PORTAFOLIO, 19 de abril), encuentra que tras la eliminación de la retroactividad de las cesantías (que estima en 6% del salario), y de la sanción por despido sin justa causa (calculada en 12%), junto al aumento de los aportes a la seguridad social, los gravámenes a la nómina ascendieron de 70,4% en 1985 a 72,4 en el 2010.

Dicho incremento resulta menor a otras reducciones en los costos laborales: la deslaboralización del contrato de aprendizaje, por la que el aprendiz no recibe un salario mínimo, la introducción del salario integral que permite pagar a quienes reciben más de 10 salarios mínimos un 2,7% menos que en el pasado; y la reducción de los pagos por trabajo en domingos, festivos y jornada nocturna que puede significar una reducción de costos superior al 8%.

La reciente propuesta de Montenegro, de que los asalariados asuman el pago de los parafiscales después de un aumento proporcional del salario y de extender el contrato de aprendizaje, mantiene los supuestos de los estudios de Sergio Clavijo, de Anif, acerca de la responsabilidad de la parafiscalidad en aumento de la informalidad. Pero el referido estudio de Farné concluye que la base de los análisis propuestos no es concluyente y que eliminar la parafiscalidad generaría sólo 180.000 nuevos empleos.

No parece ser una gran solución...

beethovenhv@yahoo.com

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