¿Qué está pasando con el gasto social?

Últimamente se ha presentado una interesante polémica entre la Contraloría General de la República y el Gobierno Nacional sobre el nivel del gasto social que se está ejecutando. La primera sostiene que el nivel es insuficiente dados los requerimientos constitucionales. El segundo responde que se están cumpliendo puntillosamente las exigencias de la Constitución de 1991.

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mayo 30 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-05-30

¿Qué es lo que realmente está aconteciendo? ¿Qué enseñanzas positivas deben sacarse de esta polémica? El tema no es menor. Estamos hablando del renglón del gasto presupuestal a través del cual el Estado puede cumplir -si se realiza eficientemente dicho gasto- una labor redistributiva. Hoy en día existe un amplio consenso entre la literatura especializada del mundo entero en el sentido de que la progresividad de la política fiscal de un país no solamente se alcanza mediante los impuestos directos sino también a través del gasto público social eficiente. La Constitución de 1991 privilegió de manera sobresaliente el gasto público social. En efecto, el artículo 350 de la Carta dice que salvo en casos de guerra o por razones de seguridad nacional, “el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”. Que para la distribución territorial de éste tipo de gasto se tendrá en cuenta “el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa según reglamentación que hará la ley”. Y por último -y esto es fundamental para entender la polémica que hoy enfrenta a la Contraloría con el Gobierno- el artículo 350 agrega que “el presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones”. El fondo de la polémica gira en torno a un punto muy concreto: ¿Qué debe entenderse por gasto público social? La Constitución de 1991 que tanto privilegia el gasto público social no lo define sin embargo. Se limita a decir que: “La ley de apropiaciones (es decir en el presupuesto anual de gastos) deberá tener un componente denominado gasto público social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica respectiva”. Es decir, la Constitución refiere a otra norma -la ley orgánica del presupuesto- la delicada tarea de definir lo que habrá de entenderse por gasto público social para efectos prácticos. Y, ¿Cómo se define en la ley orgánica el gasto social? “Se entiende por gasto público social -dice el artículo 41 de esta ley- aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión…”. Es evidente que una definición tan amplia y laxa de lo que es gasto público social -en la cual cabe prácticamente cualquier tipo de gasto- lleva a la indefinición presupuestal. Y acá radica precisamente la esencia de la polémica entre la Contraloría y el Gobierno. En un estudio reciente titulado: “Evaluación del gasto y la política social, 2004” la Contraloría ha hecho un interesante ejercicio consistente en calcular cuál es el nivel real de gasto social que se está ejecutando en el presupuesto nacional, no a la luz de la definición laxa que trae el estatuto orgánico sino de acuerdo con los criterios de la literatura especializada sobre el tema. Y llega a la inquietante conclusión de que cerca del 22 por ciento del gasto que hoy se está ejecutando como “gasto social” en Colombia en realidad no lo es. La enseñanza que debe dejar esta polémica es la de que resulta urgente reformar la definición de “gasto público social” que trae el estatuto presupuestal. Para que podamos así manejar criterios más rigurosos que los actuales en la medición de una variable tan decisiva de la acción Estatal. "Es indispensable definir con mayor precisión y rigor, qué se entiende por gasto social”.

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