¿Cuándo pasó el caso Camargo de lo técnico a lo penal?

La cuantía que deben pagar los implicados apareció en una segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá. El abogado del IDU cobraría 5% de comisión de éxito si hay pago.

Finanzas
POR:
julio 17 de 2014 - 02:01 a.m.
2014-07-17

Días después de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena de 5 años que profirió el Tribunal Superior de Bogotá contra el exdirector del IDU, Andrés Camargo, y dos personas más por el caso de las losas de TransMilenio de la Autopista Norte de Bogotá, se conocen detalles que rodearon el proceso.

Y uno de ellos tiene que ver con un contrato de prestación de servicios jurídicos en materia penal que el IDU le otorgó al abogado Francisco José Sintura, por 349,4 millones de pesos, y que incluye una cláusula que dice: “Se reconocerá a favor del contratista (Sintura), como prima de éxito, el equivalente al 5 por ciento del valor de los daños, perjuicios, reembolsos, reparaciones o prestaciones que por estos conceptos se produzcan”.

Y como el Tribunal Superior de Bogotá determinó, a su vez, que los implicados deberán pagar una suma de 108.622 millones de pesos al IDU por los perjuicios materiales y morales ocasionados al Distrito, la prima que el organismo debería pagarle a Sintura -si los implicados responden- ascendería a unos 5.400 millones de pesos.

Al respecto el abogado Sintura señala que el proceso lleva varios años por lo cual la suma inicial ($349 millones) que se veía elevada, no generó ganancias para su firma. Y respecto a la prima del 5 por ciento, señala que esta solo se hace efectiva en el momento en que los implicados paguen, y el IDU reciba en su caja los recursos.

Pero el contrato con Sintura lo conforman cinco procesos y solo hay una condena, así que hasta ahora no hay pago y el abogado precisó que no pretende cobrar si el Distrito no recupera los recursos.

LOS PAGOS QUE APARECIERON EN EL FALLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

En el fallo de primera instancia contra Andrés Camargo, proferido por la juez 45 Penal de Descongestión, no incluyó ningún pago económico por parte del implicado.

Pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, instancia en donde Camargo apeló el fallo de primera instancia, decidió incluir la pena económica citada -de más de tres veces el valor inicial del contrato de infraestructura- tras dejar en firme el fallo inicial en su contra.

Para algunos llama la atención el hecho de que el abogado Francisco José Sintura haya sido nominado conjuez precisamente de dicha Sala Penal entre el 2004 y el 2008, pero, el abogado Sintura aclara que nunca fue llamado para ninguna sala ni tuvo ninguna actuación como conjuez.

Sin embargo, en su hoja de vida figura como “conjuez del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, (2004 - 2008)”.

Posteriormente, Camargo apeló ante la Corte Suprema de Justicia para que revisara su caso. El recurso de casación fue rechazado.

Así, Camargo y las otras dos personas son los únicos condenados del caso, faltan dos procesos con los otros implicados, que de no fallarse antes de marzo del próximo año, prescribirían, y expertos opinan que es poco probable que se alcancen a fallar.

LA EXTRAÑEZA DE CAMARGO

Para el exdirector de IDU fue una sorpresa descubrir que el contrato de servicios que el IDU le otorgó a Sintura contuviera una prima de éxito del 5 por ciento. “Sorprende mucho el que se incluya una prima de éxito en un proceso penal”, sostuvo Camargo.

“Siempre nos pareció muy extraño el que apareciera en la segunda instancia esa suma tan exorbitante. Para determinarla incluyen contratos de consultoría, contratos de interventoría para mantenimiento, gastos de reparación y mantenimiento que no solo no son relativos a unos daños cuya causa aún hoy nadie conoce con claridad, sino que eran de obligatoria ejecución por la entidad para mantener en buen estado la vía según los manuales que nunca se aplicaron. El Tribunal Superior de Bogotá considera perjuicio los gastos en que debió haber incurrido la ciudad durante catorce años que lleva funcionando la vía con niveles de tráfico muy superiores a los que se usaron en su diseño para mantenerla en buen estado y que nunca se hicieron”, advierte el exdirector de IDU.

Camargo sigue insistiendo en su tesis de que de un asunto netamente técnico, como fue el del daño de las losas de la Autopista Norte de Bogotá, terminó extrañamente convertido en un juicio penal con unos enormes incentivos económicos.

Y destaca inconsistencias que se hicieron evidentes dentro de este proceso, entre ellas algunas contradicciones como, por ejemplo, que la juez de primera instancia no encontró la causa de los daños que originan el fallo penal: “...para el Despacho es indiferente que acá se hubiese probado o no la causa principal de falla de las losas, la calidad o mal uso del material que usaron para renivelar toda la vía…”.

Así mismo, que la Corte Suprema de Justicia haya rechazado no solo su recurso, sino dos más que presentaron ilustres juristas contra el fallo. Advierte Camargo que la misma Corte expresa en la inadmisión que “… exigir el elemento relativo al propósito de provecho ilícito es inocuo para efectos del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales…”.

“Es decir, me condenan a cinco años de prisión porque es indiferente que no se sepa la causa del daño en la vía y es inocuo que no haya provecho ilícito. Y, ahora, aparecen primas de éxito astronómicas para condenarnos a unos funcionarios públicos honestos que no hemos robado un solo centavo a pagar unos perjuicios calculados quién sabe cómo y con qué fines”, precisó.