Patentes y salud pública

Hace varios años, se ha venido trabajando en distintos foros en la construcción de un equilibrio entre la necesidad de atender la salud pública, y al mismo tiempo, preservar los incentivos a la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Para algunos, este es un conflicto entre dos industrias que buscan aumentar su participación en el mercado: la de productos patentados y la de productos genéricos. Para otros, se trata de una confrontación entre intereses comerciales y bienes supremos como la salud de las personas, y en ese medida tendría un alto componente ético. Este no es un debate norte-sur, pues a pesar de los intentos de algunos por darle este alcance, no existe total identidad de posiciones al interior de los países en desarrollo.

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noviembre 30 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-30

A nivel doméstico en Europa, E.U. y en muchos otros países, el tema de los precios de los medicamentos y su impacto sobre la cobertura de los programas de salud pública, ha cobrado relevancia y hace parte de las campañas políticas. Esto explica la flexibilización que se ha generado en estos temas por parte de E.U.y la Unión Europea. Los debates para establecer un equilibrio entre salud pública y propiedad intelectual se han liderado a nivel internacional por Brasil , India, Filipinas y Malasia, que en un despliegue de capacidad institucional han evidenciado la importancia de contar con funcionarios competentes y coordinados, tanto a nivel doméstico, como en el exterior, y que se mueven como un relojito suizo. La acción en distintas organizaciones internacionales y especialmente los debates en la OMS produjeron como resultado la Decisión de Doha, de flexibilizar el Acuerdo de Propiedad Intelectual -Trips de la OMC. Esta decisión permite a los países que no cuentan con producción doméstica de ciertos medicamentos, negociar en mejores condiciones la adquisición de los mismos con empresas farmacéuticas multinacionales. Recordando estos antecedentes, parece importante analizar lo ocurrido en la última reunión de la OMS a principios de noviembre, en la que se analizó un borrador documento denominado ‘Proyecto de estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual’. En dicho documento, se está discutiendo si este plan se debe concentrar en ciertas enfermedades y en las necesidades de los países en desarrollo. Parte de la problemática que se está enfrentando, es identificar qué tipo de incentivos movilizarían a la industria a investigar enfermedades propias de los países en desarrollo y no privilegiar sus recursos investigando medicamentos contra enfermedades de países desarrollados, como el cáncer y el Sida. Igualmente, se debate si sería posible reconocer la precedencia del derecho de la salud pública sobre los derechos de propiedad privada. Se trata de definir cómo satisfacer una necesidad básica como la salud pública. No compartimos la perspectiva simplista de asignarle toda la responsabilidad de la solución de este problema a la propiedad intelectual. La eficiente administración de los recursos, la gestión de funcionarios a cargo de los programas de salud pública, el efectivo control a la competencia en el sector, entre otros, son igualmente relevantes, y por ello los diagnósticos deben reconocer el peso que tienen los distintos factores en las dificultades de acceso a la salud pública. Hay que analizar cada declaración y cada documento que se presenta en la OMPI, en la OMS o en la OMC, pues en las organizaciones internacionales los cambios se gestan paulatinamente, casi de manera imperceptible, mediante el reconocimiento, de ideas y propuestas que poco a poco se van convirtiendo en disciplinas. No podemos perderle pista al tema, ni al desarrollo en países como Brasil, India, Filipinas y Malasia. *En colaboración con Olga Lucía Lozano. Socia de Research & Opportunities Los debates para establecer un equilibrio entre salud pública y propiedad intelectual se han liderado a nivel internacional”.

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