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Paz negociada: sí es posible

El nuevo Gobierno que se instale el próximo 7 de agosto tendrá el desafío de construir una política de diálogo con los reductos de la guerrilla.

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marzo 25 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-03-25

Hace 20 años, el gobierno de Virgilio Barco y el M-19, comandado por Carlos Pizarro, firmaron la paz. Fue el fin de un accidentado y exitoso proceso desarrollado a lo largo de un año y medio, que dio como resultado la desaparición del M-19 como grupo guerrillero y el nacimiento de una organización política legal.

En los meses siguientes, ya durante la administración de César Gaviria, otros 4 grupos siguieron el mismo camino: EPL, Quintín Lame, PRT y CRS. Más de 6.500 guerrilleros hicieron dejación de sus armas y se reintegraron a la vida civil, como ciudadanos con plenos derechos y deberes. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue el punto de llegada de esos procesos de paz.

Guerrilleros desmovilizados de esas organizaciones se integraron como miembros activos de esa corporación y contribuyeron -al lado de liberales, conservadores, independientes, indígenas, sindicalistas, empresarios- a construir la Constitución Política que hoy nos rige. La Constituyente fue un escenario de paz y reconciliación, de encuentro y de diálogo democrático.

La votación que obtuvo la Alianza Democrática M-19 así lo confirmó. La lista encabezada por Antonio Navarro, en la que había prominentes figuras de la vida nacional, igualó en votos a las de los partidos Liberal y Conservador, dos colectividades históricas con más de 150 años de historia en ese momento. ¿Por qué ocurrió esto? Mi interpretación es que los colombianos, con su voto, premiaron al M-19 por haber hecho la paz y por seguir en ella a pesar del asesinato de su máximo dirigente, Carlos Pizarro. Fue un voto de esperanza. Un voto para contribuir a la reconciliación.

El momento que vivía Colombia era dramático. Tres candidatos a la Presidencia, incluido Luis Carlos Galán, habían sido asesinados. Pablo Escobar pretendía tomarse el poder a sangre y fuego. El Cartel de Cali tenía sus fichas en el Congreso Nacional. Todos los meses se asesinaba a periodistas valientes e independientes. Pero ganamos la batalla como sociedad. Y se impuso la paz negociada con cinco agrupaciones guerrilleras, cuyos líderes habían tomado la decisión de abandonar la lucha armada.

A muchos les parecerá extraño hablar de este tema -de la paz negociada con la guerrilla- en tiempos de la Seguridad Democrática. Pero no lo es. Lo que muestra la historia de Colombia es que, sin excepción, todos los conflictos armados que se han dado en el país a lo largo de los últimos 200 años de historia, han finalizado con alguna modalidad de diálogo y negociación.

Son otros tiempos, claro. Los delitos de lesa humanidad ya no prescriben. Son indispensables la justicia, reparación de víctimas y el perdón. Colombia y el mundo entero, por fortuna, están hoy en la premisa de cero tolerancia al terrorismo. Pero alguna modalidad de negociación con la guerrilla vendrá. ¿Para qué? Para que sus reductos se desmovilicen y dejen las armas. Ese y no otro es el objetivo fundamental de esos procesos. Claridad de propósito es lo que se requiere. Lo que no existió en el Caguán. Diálogos que sólo sirven para que la guerrilla se fortalezca. De ninguna manera. Nadie lo aceptaría hoy.

El nuevo Gobierno que se instale el próximo 7 de agosto tendrá este desafío por delante. Con una guerrilla debilitada y con cero legitimidad política, será un tema obligado. ¿Alguno ha pensado en esto? Quizás no. El tema ni siquiera está en la agenda informativa de los medios.

rsantamaria@gravitascomunicaciones.com

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