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Carlos

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Finanzas

15 may 2008 - 5:00 a. m.

Personas no gratas

Personas no gratas

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15 may 2008 - 5:00 a. m.

Las noticias procedentes de Italia en donde el recién posesionado Gobierno del primer ministro, Silvio Berlusconi, le ha ordenado a la policía adelantar redadas en contra de la inmigración ilegal, han vuelto a poner sobre la mesa un tema complejo y que genera posiciones encontradas. La razón es que en los países ricos se ha vuelto políticamente rentable adoptar posiciones extremas, en contra de la llegada de extranjeros que no tienen sus papeles en regla. Incluso en los Estados Unidos, una nación que se formó con personas de todos los rincones del globo, la discusión forma parte de la contienda electoral que este noviembre definirá el nombre del sucesor de George W. Bush. Entre tanto, la Unión Europea está realizando intentos con el fin de definir una política común, pues ciertos Estados han sido desbordados por el volumen de seres humanos que vienen de África o de Europa Oriental, pero también de Asia y América Latina, en busca de un mejor futuro.

Buena parte del coletazo actual tiene que ver con el menor ritmo del crecimiento económico en los países industrializados. En la medida en que las cifras de desempleo tienden a subir, igualmente lo hace la búsqueda de culpables y los ilegales se convierten en un objetivo fácil. A lo anterior también ayudan los escándalos de la prensa que culpan de diferentes crímenes a los llegados de otros territorios, tal como les pasa a los rumanos en Europa o a los colombianos en Ecuador.

Dicho lo anterior, la experiencia muestra que las deportaciones masivas no son sencillas. Si bien es típico que la televisión presente la imagen de personas esposadas con destino a su país de origen, la realidad es que tan solo una fracción acaba siendo capturada o enviada de regreso. La razón es que la inmensa mayoría tiene éxito en encontrar empleo en la comunidad a la que llega, muchas veces ejerciendo trabajos que nadie más quiere. No tiene nada de extraño, por ejemplo, que en Norteamérica las labores del campo o de la limpieza sean desempeñadas por millones de hispanos que a veces aceptan salarios y condiciones por debajo de las que determina la ley.

Pero detrás de los sacrificios de quienes abandonan familia y terruño en busca de un futuro mejor, también se encuentra una realidad económica. Esta consiste en que los inmigrantes son fundamentales para la sostenibilidad de sociedades que, de otra manera, se reducirían de tamaño debido a las menores tasas de fertilidad y que, además, son cada vez más ancianas. Según las Naciones Unidas, en el 2050 la proporción de personas mayores de 60 años superará a la de los menos de 15, la primera vez que ello ocurre en la historia de la humanidad. En números redondos, eso quiere decir que habrá 2.000 millones de ciudadanos de edad, más de tres veces la cantidad que existía en el 2000.

Si bien ese fenómeno de envejecimiento es universal, el caso es particularmente notorio en los países ricos, en donde habitará el 80 por ciento de los mayores de 60. Así las cosas, la ONU sostiene que la inmigración es clave, pues la existencia de población joven que trabaje y aporte a la seguridad social hace que el sistema de bienestar actual sea sostenible. De hecho, un estudio publicado hace un año por el organismo sostiene que para mantener la relación entre personas trabajadoras y dependientes, la Unión Europea debería recibir 13 millones de inmigrantes cada año, mientras que Estados Unidos y Japón necesitarían 10 millones en conjunto.

Como semejante volumen es un imposible político, la segunda opción es aumentar la edad de retiro y tercerizar algunas labores.

Sin embargo, la llegada de personas del tercer mundo sigue siendo necesaria, así a algunos les caiga mal la mezcla de colores de piel y de acentos extraños en su vecindario. En consecuencia, la solución es una política ordenada con cupos migratorios mucho más amplios que los existentes hasta ahora. Si eso ocurre, no habrá faltante de voluntarios. Una encuesta de Gallup, presentada en noviembre pasado, mostró que un 24 por ciento de los latinoamericanos y un 39 por ciento de los colombianos estarían dispuestos a vivir en otro país diferente al suyo.

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