Con bajas probabilidades de llegar a un acuerdo, empresarios y trabajadores se reúnen nuevamente hoy con el Gobierno con el fin de definir el aumento del salario mínimo del año entrante, que hasta el próximo 31 de diciembre será de 515.000 pesos.
Tendría que suceder un hecho excepcional para que los empleadores, agrupados en el Consejo Gremial, se muevan del 3 por ciento ofrecido a una cifra más alta. “Dijimos 3 y creo que ahí vamos a estar mañana. Tendría que haber un diálogo sumamente intenso para que fuera otra la realidad”, sentenció el presidente de esa organización, Luis Carlos Villegas.
Esa posición es apoyada por la Andi (de la cual Villegas también es presidente), Asobancaria y la SAC, entre otros gremios, lo que deja en una situación incómoda a la cabeza de Fenalco, Guillermo Botero, quien el viernes de la semana pasada comentó que el 3 por ciento mencionado no era inamovible.
Los voceros de la CGT y la CTC bajaron sus aspiraciones de reajuste salarial a 7 por ciento y esperan que los gremios empresariales suban su oferta, lo que podría concluir en un acuerdo. La CUT, que pedía un incremento de 12 por ciento, se retiró de la mesa de negociación al considerar “ridícula” la apuesta de los empleadores.
La posición de los trabajadores venía debilitada antes de comenzar las negociaciones y se acentuó con el pasar de los días. Su punto culminante se produjo el viernes, cuando Domigo Tovar, de la CUT, anunció que su organización abandonaba la mesa.
Sin embargo, las declaraciones del presidente del Consejo Gremial, quien además espera que este proceso termine hoy, dejaron en claro que difícilmente habrá concertación, máxime cuando el Gobierno se inclina por un alza más cercana a la propuesta de los empresarios, evento en el cual el aumento sería decretado unilateralmente por las autoridades.
Minprotección pide prudencia
El ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, ha insistido en que el alza de la remuneración básica tiene que estar en línea con los objetivos del Gobierno de crear 2,5 millones de puestos de trabajo y la formalización de 500.000 empleos en el cuatrienio. El Ministro parte de la premisa de que un reajuste alto atenta contra la creación de empleo y es el aliciente para aumentar la informalidad.