Piden control a fallos de tribunales de arbitramento

Agencia de Defensa del Estado dice que árbitros que fallen deben responder mínimo con sus honorarios.

Adriana Guillén.

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Adriana Guillén.

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octubre 22 de 2014 - 04:25 a.m.
2014-10-22

El Estado pierde tres de cada cuatro pleitos en tribunales de arbitramento, en contraste con los procesos que se llevan en el Consejo de Estado, que falla a su favor entre 75 y 80 % de los casos.

La directora de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, explica que parte del problema es que muchas veces los árbitros se declaran competentes para conocer asuntos que a la postre no son de su jurisdicción con el fin de conservar sus altos honorarios. Luego, el Estado puede acudir al Consejo de Estado buscando anular el laudo arbitral, pero ya habrá gastado entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. “Si tenemos árbitros incompetentes y tenemos que ir hasta el Contencioso a alegar esa incompetencia, nadie le devuelve al Estado lo que ha invertido en su defensa”, se queja la funcionaria.

Por esto, dice que hay que repensar el tema de las competencias y la caducidad de las acciones de estos organismos ideados para llegar a arreglos rápidos y amigables, introduciendo sanciones como la retención de los honorarios de los árbitros que asuman una competencia sin tenerla.

El asunto no es de poca monta si se tiene en cuenta que hay 211 procesos de este tipo abiertos con pretensiones por 3,9 billones de pesos. De esta cifra, 735.000 millones corresponden a demandas de instancias oficiales contra particulares.

En general, se trata de pleitos relacionados con obras de infraestructura, las cuales representan el 60 por ciento de las demandas que existen contra el Estado. De acuerdo con Guillén hay casos de reconocimiento de dinero por obras en los que se ha decidido a favor del contratista, a sabiendas de que este sabía que los trabajos no estaban incluidos en ningún contrato.

Por su parte, el director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se llevan algunos de los casos más importantes, asegura que la Ley 1563 del 2012, que reglamenta este campo, tiene mecanismos para garantizar la idoneidad de los árbitros, la transparencia de los sorteos en los que se asignan los casos y sanciones pecuniarias hasta por la totalidad de los honorarios. Además, hay normas especiales si una de las partes es estatal.

“Obviamente, nada es perfecto, pero sí hay toda una gama de posibilidades y son las partes las que las tienen que utilizar. Si no lo hacen, no es culpa de la Ley ni del arbitraje”, anota.