Pregunté de qué se trataba. Me explicaron que eran ahorradores que se amanecían allí para tener un puesto privilegiado en la fila, que les permitiera al otro día -a primera hora- depositar sus ahorros en la pirámide de Pitalito. Me informaron también que había gente incauta que estaba inclusive liquidando sus fincas, sus casas y sus vehículos para hacerse a más recursos para seguir invirtiendo en las pirámides. Este escenario de Pitalito se está repitiendo en muchas regiones del país. En la costa, en el altiplano cundiboyacense, en Villavicencio, en el Caquetá, en el Valle y en el viejo Caldas. Las pirámides continúan ofreciendo orondamente a los ahorradores duplicarles los capitales invertidos en el insospechado plazo de sesenta días. La captación masiva y habitual de ahorros del público, sin permiso de las autoridades competentes y sin vigilancia de la superintendencia financiera, sigue haciéndose a la luz del sol y ante la mirada indolente del Gobierno. Para despistar a las atontadas autoridades se camufla la captación masiva (que es lo que en realidad se está haciendo) con retorcidos contratos que tratan de esconder jurídicamente lo que en realidad se hace: captar ilegalmente ahorro del público. La lógica de las pirámides funciona siempre, desde antiquísimos tiempos, de la misma manera: los primeros que entran en el infernal torbellino obtienen rendimientos asombrosos. Pero los últimos que llegan siempre acaban tumbados. Por una simple razón: porque no hay negocio lícito que permita remunerar a tasas mensuales del 50 por ciento a todos los ahorradores que ingresan a la danza de la fantasía. Tarde o temprano las pirámides colapsan. Y normalmente, más temprano que tarde. El material del que están construidas (que es la fantasía de los ahorradores ingenuos) no les permite desafiar impunemente la dura realidad de las finanzas: no hay negocio que permita tales rendimientos. Están llamadas inexorablemente al fracaso. Y buena parte de los incautos que caen en sus redes están condenados a perder el ahorro, a menudo de toda una vida. Llama la atención la indolencia de las autoridades que deberían estar buscando más la verdad real en estos contratos que su ropaje formal. Desde 1982 (Decreto 2920 de aquel año), se prohibió bajo pena de delito captar dineros del público de manera masiva y habitual sin autorización y supervisión de las autoridades. Esta prohibición fue recogida luego por el Código Penal vigente. Y sin embargo, en vez de utilizar las normas en vigor y aplicarlas con decisión, el Gobierno resolvió que lo que había que hacer era volver a prohibir lo que ya está prohibido. Y en tal orden de ideas resolvió presentar un proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso y que, con cambios marginales, lo que hace es prohibir lo que desde hace un cuarto de siglo no puede hacerse. Ojalá cuando salga aprobado este proyecto de ley todavía queden ahorradores incautos a los cuales proteger, pues de seguir las cosas como van, ya estarán aplastados bajo las ruinas de las incontables pirámides y de su propia fantasía. jotacrestrepo@yahoo.es '' Buena parte de los incautos que caen en sus redes están condenados a perder el ahorro a menudo de toda una vida.WILABR
