Tener un Plan B por si se cae la Emergencia Social

Si la Corte Constitucional declara inexequible la Emergencia Social y sus decretos reglamentarios, quedará demostrado que la crisis de la salud en Colombia no es un hecho sobreviniente sino que, por el contrario, se trata de un problema estructural del sistema.

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abril 06 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-04-06

Dicha Emergencia intenta solucionar la crisis coyuntural del sistema pero, a la vez, lo que han dejado ver los decretos es que hay una crisis estructural del mismo. Al caerse la Emergencia, por un lado el Gobierno tiene que entrar a solucionar la crisis coyuntural y, por el otro, el nuevo Congreso tiene que plantearse la solución estructural del sistema. Ante esa eventualidad, lo primero que se presentará es una situación de insolvencia (que se ha venido observando) de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), principalmente de la red pública, y de iliquidez del sistema porque el Gobierno no tomó las precauciones presupuestales del caso frente al mandato de la Corte Constitucional de nivelar los dos Planes Obligatorios de Salud (POS), el contributivo y subsidiado. Eso lo habría podido hacer perfectamente en la Ley 1122 de 2007, donde el Gobierno planteó que la universalidad del sistema implicaba que todo el mundo quedaba asegurado, pero con Planes Obligatorios de Salud (POS) diferenciales. Es decir que cuando la Corte Constitucional le pide al Ejecutivo nivelar los dos POS implica mayores gastos del sistema y, por lo tanto, se presentan dos escenarios que tiene que solucionar el Gobierno: cómo lograr solventar la crisis hospitalaria y cómo cumplir el mandato de la Corte. Para enfrentar los problemas de liquidez de los hospitales es necesario darles nuevos recursos, lo cual implica que el Gobierno haga un esfuerzo presupuestal para nivelar los dos POS, es decir aumentar el gasto público. Si eso no ocurre, el efecto inmediato de una iliquidez de la red pública hospitalaria es la diminución en la calidad y oportunidad en la atención. Eso agravaría, principalmente, la situación de salud de los colombianos afiliados al régimen subsidiado y de quienes están afiliados al régimen contributivo, pero cuyas EPS han creado barreras de acceso (por ejemplo, una cita con especialista se ahora ahora no uno sino hasta tres meses). Ahora bien, lo positivo de la Emergencia es que algunos problemas que estaban ocultos salieron a la luz pública, como por ejemplo los recobros que se le hacen al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) por medicamentos que no están en el POS. El mismo Gobierno calcula que controlando esos recobros, el sistema de salud puede ahorrar cerca de 400.000 millones de pesos anuales. Es decir que hay una plata que saldría sin necesidad de un decreto nuevo, sino a través de un trabajo de la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Fiscalía. Si las dificultades persisten, se hace necesario advertir que la consecuencia inmediata es que cuando los pacientes soliciten medicamentos sólo les despachen una parte con lo cual se generan problemas en la calidad de la prestación del servicio. * Director del Grupo de Protección Social del CID de la Universidad Nacional . El precio de los medicamentos Con el revuelo que generó la declaratoria de Emergencia también se planteó la necesidad de llamar a la industria farmacéutica a concertar listas de precios de los medicamentos que se ajusten a las condiciones del mercado colombiano. Una forma de hacerlo es que la venta de remedios en Colombia se ajusten a los patrones internacionales ya que no existe justificación válida para que un medicamento se venda mucho más caro en Colombia que en otros países. ADRVEG

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