Polémica por proyecto de pensión de gracia para maestros; recursos no son posibles de conseguir

Minhacienda dice que la iniciativa tiene un costo fiscal de 8,8 billones de pesos, que es imposible

Finanzas
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diciembre 19 de 2010 - 11:46 p.m.
2010-12-19

Un proyecto de Ley para otorgarles la pensión de gracia a cerca de 3.000 maestros que estaban por fuera de ese derecho, a pesar de, según ellos, cumplir con los requisitos, tiene en vilo al Gobierno y a algunos miembros del Congreso de la República.

 

La iniciativa venía desde el 2009 y en la presente legislatura cumplió sus cuatro debates, donde finalmente fue aprobado por mayoría. Pero la decisión parlamentaria mantiene en vilo al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, porque, según sus cuentas, el costo económico de esta iniciativa es impagable. De acuerdo con los cálculos del Ministro, se requieren 8,8 billones de pesos, mientras que para el autor de la iniciativa, Luis Carlos Avellaneda, “si se les otorgara la pensión a 7.000 maestros (la cifra más alta estimada, sobre el cálculo de beneficiarios que faltan) se tendrían que invertir 776.000 millones de pesos en 10 años, teniendo en cuenta que la pensión no es vitalicia y se le otorga a los maestros que se vincularon antes del 31 de diciembre de 1980”.

 

Para Avellaneda, se trata de poner en práctica un principio de equidad. “Hay maestros que trabajan en un mismo colegio, ejercen la misma función, pero unos lograron la pensión y otros no, porque un fallo del Consejo de Estado, en 1997, dijo que esa norma sólo era aplicable a los educadores nacionalizados (los que trabajaron en departamentos, municipios y distritos)”.

 

En consecuencia, de ese año en adelante, a los maestros les han negado el derecho, según Lina Barrera, ponente del proyecto. “En repetidas ocasiones pedimos concepto a los Ministerios de Hacienda y Educación y nunca se pronunciaron. Por ello, el cálculo de maestros que hicimos se logró a partir de datos de Fecode”, indicó.

 

El destino del proyecto ahora, está en manos del presidente Juan Manuel Santos, quien puede objetarlo en vez de firmarlo, que sería el último paso para convertirse en ley. Mientras tanto, según Carlos Zuluaga, presidente de la Cámara de Representantes, “se nombró una comisión accidental para que estudie el verdadero impacto económico de esta iniciativa”.

 

Según explica Avellaneda, “el Presidente, una vez llegue el proyecto a sus manos, tiene seis días para firmarlo u objetarlo. La objeción puede darse por dos motivos: por inconstitucionalidad (contrario a alguna norma de la Constitución) o por inconveniencia (si su costo llegara a ser muy alto)”.

En caso de que el destino del proyecto sea la objeción, la iniciativa vuelve al Congreso el cual debe aceptar o negar la objeción.

 

Si el parlamento no acepta la objeción, el proyecto lo tendría que sancionar Santos. Si se rehusare, el caso tendría que llegar a la Corte Constitucional para que sea esa instancia la que decida. Si es por inconstitucionalidad y las objeciones son rechazadas, el proyecto se va para la Corte Constitucional para que ella decida.

 

8,8 billones de pesos le costará al país la iniciativa del senador, Luis Carlos Avellaneda, según Minhancienda.