La portabilidad numérica es el derecho a poder cambiarse de operador telefónico y mantener el número. Donde se ha implementado ha logrado avances importantes para los consumidores. Menores precios, más calidad de las llamadas y mejoras en servicio al cliente. Esto se debe a que muchas personas, aunque les ofrezcan mejor servicio o menores precios, no se cambian de operador, porque pierden su número. Éste los tienen 'amarrados'. Cuando se les da libertad de elegir a los ciudadanos, se desata una agresiva competencia entre operadores, que beneficia al consumidor.
Al sacar adelante la Ley 1245 del 2008, obligando a los operadores a implementar la portabilidad numérica, hicimos consideraciones especiales para el caso de líneas fijas. Primero, se entendía que esta portabilidad era dentro de la misma zona geográfica. No se puede portar de Bogotá a Medellín o de Pereira a Cartagena. También se determinó que la implementación sería gradual y que se lograría con equilibrio financiero. Por ejemplo, en muchos municipios sólo hay una empresa telefónica y los beneficios de la portabilidad numérica son menos contundentes. Aunque el beneficio económico y de conveniencia para el consumidor sigue siendo obvio. En ciudades como Bogotá o Medellín que tienen más operadores, la mayor competencia crea más provecho.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adelantó un estudio dándole viabilidad técnica a la portabilidad numérica de móviles y fijos. La iniciativa beneficia en un 99% a las Pymes, de las cuales, un 71%, abiertamente expresa la necesidad de la portabilidad numérica. Ahora nos enteramos de que hay oposición de operadores públicos como ETB y EPM sobre la implementación de la iniciativa. Esto era de esperarse; nada más natural que empresas con posición dominante sobre sus mercados quieran evitar grandes rivalidades.
Sobre esta decisión hay dos filosofías acerca de qué es lo público. Una, es defender el bolsillo y la calidad del servicio de los consumidores, y la defensa de las utilidades de las empresas estatales. La segunda, sin duda, es importante, pero no puede primar sobre los derechos de los consumidores. Esta ardua defensa de lo 'público' por muchos de los contradictores de la iniciativa a favor de las empresas estatales está mal enfocada.
No podemos definir las utilidades de EPM o ETB como las prioridades regulatorias. Nosotros como consumidores ya pagamos IVA, predial, renta y suficientes impuestos para financiar al Gobierno. Ahora, no nos pueden obligar a recibir una mala asistencia y pagar servicios públicos caros, para que estas empresas ganen más. P.S. Ya que mucha gente me ha preguntado, tenemos la esperanza que la portabilidad de móviles esté listo para el 2011, aunque sabemos que puede ser antes.