El posconflicto costaría hasta $2,7 billones

La entidad considera que probablemente, serán destinados mayores recursos por el otorgamiento de beneficios adicionales que podrían incluirse en los acuerdos finales de las negociaciones de paz y por otros aspectos del posconflicto.

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enero 26 de 2015 - 08:51 p.m.
2015-01-26

Entre $1,8 billones y $2,7 billones de pesos (a precios constantes de 2013) puede ser la inversión de recursos requerida por el Estado colombiano en caso de una posible desmovilización de los miembros de las FARC, de acuerdo a un estudio que realizó la Contraloría General de la República.

No obstante, dicha inversión no contempla la totalidad de recursos requeridos, por cuanto sólo corresponde a los programas que ha incluido la Política Pública de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia de 2006 a junio de 2014, objeto de análisis del organismo de control.

Considera la Contraloría que probablemente, serán destinados mayores recursos por el otorgamiento de beneficios adicionales que podrían incluirse en los acuerdos finales de las negociaciones de paz y por otros aspectos del posconflicto.

Así lo dice el organismo de control en un Estudio Sectorial sobre la Política Pública de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia de 2006 a junio de 2014, elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.

Si se tiene en cuenta que durante el período citado se desmovilizaron e ingresaron a la Ruta de Reintegración 34.281 personas y suponiendo que se beneficiaron de todos los programas de atención analizados en el estudio, la Contraloría estima que la inversión promedio realizada por el Estado para efectuar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración fue de $66,7 millones por persona, a precios constantes de 2013.

Respecto a la reparación económica en el período citado, la Contraloría pudo evidenciar que los desmovilizados han entregado sus bienes a la Fiscalía y esta a su vez al Fondo de Reparación y, sin embargo, su valor resulta menor en comparación al monto de las indemnizaciones giradas.

Sobre este punto, es importante señalar, dice la CGR, que una alta proporción del valor de las sentencias de Justicia y Paz, se ha financiado con recursos del presupuesto nacional y no con los bienes entregados por los desmovilizados condenados en dichas sentencias.

SE REQUIERE UN PERÍODO PROLONGADO DE INTERVENCIÓN

Con relación a la implementación de la Ley de Justicia y Paz, se observa que una alta proporción de los desmovilizados postulados a recibir beneficios, han sido excluidos de estos procesos judiciales, debido a que han renunciado o incumplido con los requisitos exigidos, luego de la verificación realizada.

Respecto del proceso de reintegración de las personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la Ley, se observa que la gran mayoría de quienes ingresaron, aún se encuentran en el proceso (85%) y se destaca que 12% culminaron efectivamente las actividades programadas en la Ruta de Reintegración.

De lo anterior se deduce que existe una alta permanencia en el proceso de reintegración y que se requiere un período prolongado de intervención (inclusive superior a 8,5 años, correspondiente al período de análisis), advierte el estudio de la Contraloría.

SE HA DADO PRIORIDAD A LOS APOYOS ECONÓMICOS

Con base en la información disponible, se estima que una proporción significativa de los recursos ejecutados por la Agencia Colombiana para la Reintegración, se dirigió a los apoyos económicos para las personas vinculadas al proceso.

Por el contrario, otros componentes de atención que también son relevantes en el desarrollo de la Ruta de Reintegración, tales como la formulación e implementación de proyectos productivos y las actividades de reintegración comunitaria y de servicio social en las comunidades receptoras de desmovilizados, registraron una participación baja en los recursos ejecutados por la Agencia, lo cual indica que estos componentes han tenido una menor prioridad en el proceso.

Durante el período que abarca el estudio de la Contraloría se realizaron dos procesos de desarme y desmovilización. En primer lugar, se encuentran las desmovilizaciones colectivas producto de la negociación con los grupos de autodefensa (AUC); y, en segundo, las desmovilizaciones individuales, que corresponden en su mayoría a miembros de la subversión (FARC y ELN) que han desertado de sus filas.

Al respecto, se encontró que el número de desmovilizados en los dos tipos es similar. Los primeros se concentran en los años 2006 y 2007, mientras que los segundos se han dado a lo largo de todo el periodo analizado. Sin embargo, estos últimos han ido disminuyendo continuamente desde el año 2008, lo cual puede obedecer al menor tamaño en las estructuras de estos grupos armados.

Igualmente, se observó que el costo promedio de atención por cada desmovilizado es mayor en los procesos de desarme y desmovilización individuales, en comparación con los colectivos.

Otras conclusiones del estudio de la CGR:

La reintegración a la vida civil de las personas desmovilizadas de los grupos armados al margen de la Ley exige una intervención integral por parte del Estado colombiano, que permita: a) la recuperación de los vínculos con su entorno familiar y social, b) la generación de capacidades y oportunidades para incorporarse a la actividad económica y c) desarrollar amplios conocimientos sobre sus deberes y derechos frente al resto de la sociedad.

Igualmente, resulta indispensable un alto compromiso de los desmovilizados que participan en dichos procesos, el cual surge de un deseo auténtico de reconciliación y construcción de un nuevo proyecto de vida.

Resulta fundamental la atención integral por parte del Estado a los niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado, por ser una población con mayor grado de vulnerabilidad que requiere el restablecimiento de sus derechos, su inserción familiar y social, así como su ingreso y permanencia en el sistema educativo, acceso a servicios de salud y formación para el trabajo.

Sobre el particular, se encuentra que la mayoría de los menores de edad han culminado su participación en el programa, para luego realizar la transición a una vida familiar o a los programas de reintegración para adultos. Sin embargo, vale resaltar que existe una alta tasa de deserción (31,4%), la cual obedece a que la permanencia en el mismo es voluntaria. Esta situación es preocupante en la medida que afecta el cumplimiento de los objetivos del programa y puede dificultar la adaptación de estos niños y jóvenes a la sociedad.

Con relación al componente de formación para el trabajo a cargo del SENA, se observa con inquietud que la gran mayoría de los cursos impartidos son de baja intensidad horaria y corresponden a actualizaciones en temas particulares, en lugar de cursos completos de nivel técnico o tecnológico, por lo cual, no se garantiza una efectiva formación de capacidades laborales y de emprendimiento que permitan a las personas desmovilizadas una adecuada inserción en las actividades económicas.

Adicionalmente, en algunos departamentos del país existe una baja tasa de culminación de los cursos iniciados, lo cual dificulta más esta problemática.

En el componente de educación básica y media, se encuentra que la cantidad de cupos anuales otorgados a las personas desmovilizadas ha disminuido, esto debido al menor número de participantes en el proceso. En cambio, los cupos concedidos a sus hijos han aumentado, constituyéndose actualmente en los principales beneficiarios de este programa.

En cuanto a la labor adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en primer lugar, se ha llevado a cabo un gran número de diligencias de versión libre, en donde las confesiones de los desmovilizados han permitido conocer más a fondo episodios del conflicto armado, como los graves hechos de violencia cometidos sistemáticamente contra la población civil.

Sin embargo, se encuentran menores resultados en materia de sentencias condenatorias e incidentes de reparación integral, en comparación con el número de postulados y de hechos delictivos confesados. Lo anterior puede responder al volumen de procesos y la complejidad de los mismos.

Se establece que un bajo porcentaje de las víctimas registradas ante la Fiscalía han sido reconocidas en los hechos delictivos confesados en los procesos de Justicia y Paz, debido a su baja participación en las diligencias de versión libre y a la renuencia de algunos desmovilizados a dar a conocer estas acciones.