Según Uribe, "ese testigo trajo unas pruebas bien significativas de que en 2006 y 2007 sectores del narcotráfico de esa región penetraron la Brigada y sellaron alianzas para poder avanzar en el negocio ilícito de la coca. Para aparentar que sí perseguían a los narcotraficantes, asesinaron a personas inocentes".
En Ocaña, donde ocurrieron varias de esas muertes, operaba la desaparecida Brigada Móvil 15 (que fue eliminada a raíz de ese escándalo) y tiene jurisdicción el Batallón Santander, que pertenece a la Brigada 30. Las dos son las unidades militares más salpicadas por el caso de las ejecuciones extrajudiciales.
Aunque en los juicios que lleva la Fiscalía ese capítulo no ha sido explorado -según los fiscales, se trató de una estrategia criminal para obtener días de permiso y mostrar buenos resultados ante los superiores- la hipótesis se mencionó desde octubre del 2008, cuando el gobierno 'descabezó' a 27 militares -entre ellos tres generales- argumentando falta de control sobre las tropas.
El informe de la Comisión de las Fuerza Militares que investigó los casos señaló que esa negligencia pudo facilitar una alianza entre miembros del Ejército y delincuentes externos que gozaban de impunidad a cambio de contribuir al logro de los resultados irregulares.
