Presidentes de varias sociedades científicas del país ven difícil que haya nuevo POS en julio

A través de Colciencias, está comenzando el proceso de contratación para elaborar guías para la atención de más de una veintena de enfermedades, proceso que puede tomar al menos 18 meses.

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enero 26 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-01-26

Los presidentes de varias sociedades científicas del país aseguran que es muy difícil que el 31 de julio los colombianos puedan tener un plan de salud (POS) bajo las condiciones que fija el Decreto 131, expedido bajo la Emergencia Social el viernes pasado.

El POS es un listado de servicios que, según el decreto, prioriza la prevención, atenciones de baja complejidad, medicina y odontología general y admite el acceso al manejo especializado, o de mediana y alta complejidad "cuando se cuente con la evidencia científica y costoefectividad que así lo aconseje".

Diego Palacio, ministro de la Protección Social, les ha salido al paso a las dudas generadas por los decretos con el argumento de que el 31 de julio habrá un plan de salud suficiente, integral y en iguales condiciones para todos los colombianos.

Los decretos indican que las guías, estándares o normas técnicas deberán ser definidas por las sociedades científicas y la Academia Nacional de Medicina, entre otros, y fija seis meses para la primera actualización.

Sin embargo, el Ministerio de la Protección, a través de Colciencias, está apenas iniciando el proceso de contratación para la elaboración de las guías para más de una veintena de enfermedades, por un costo cercano a los 15 mil millones de pesos. Se trata de un proceso complejo que durará por lo menos 18 meses.

Saúl Rugeles, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía, sostiene que si las guías se van a elaborar bajo los estándares fijados por Colciencias, es imposible que en ese tiempo, y para ese volumen de procedimientos, se tenga algo listo en julio. Además no habría dinero que alcance para elaborarlas.

Gilberto Eduardo Marrugo, presidente de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, sostiene que el país no tiene estudios de costoefectividad de los procedimientos, insumos y medicamentos adecuados según la evidencia científica.

Marrugo coincide con Jesús Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Neurología, en que la tarea, para sus respectivas especialidades, tarda al menos dos años. Jaime Calderón, presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, habla de entre 12 y 18 meses.

Martha Gualteros, comisionada y vocera de la Comisión de Regulación en Salud (CRES), designada por la ley para definir ese POS, dijo que ya empezaron a trabajar en la actualización, pero que hacerlo requiere una serie de estudios técnicos y científicos que deben ser contratados: "Como estamos sujetos a la Ley de Garantías, esto debe hacerse a través de un proceso licitatorio", explicó Gualteros.

Javier Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, manifiesta que es prácticamente imposible cumplir literalmente con el decreto. "Será necesario, entonces, echar mano de otro tipo de herramientas, consensos, estándares y guías que ya están elaborados".

Comisión examinará los decretos

El Congreso en pleno no podrá deliberar este viernes, como estaba previsto, para examinar los decretos de la Emergencia Social, porque el Gobierno no envió las motivaciones de la reforma.
Ante este hecho los presidentes de Senado y Cámara, Javier Cáceres y Édgar Gómez, designaron una comisión de 20 legisladores, para que revisen las normas.

La plenaria del Congreso se tendrá que reunir este mes de febrero para estudiar el informe que le entregue la comisión.

En todo caso, por haber sido expedidos bajo la vigencia de la figura constitucional de la Emergencia Social, los decretos tienen fuerza de ley.

El examen que hagan los legisladores de las normas no pone en riesgo su vigencia, pues no tiene alcance jurídico, solo político. El Congreso solo puede modificarlos o derogarlos un año después de expedidos, explicó el secretario general del Senado, Emilio Otero.
Los decretos deben ser revisados por la Corte Constitucional, que podría tumbarlos total o parcialmente. 

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