En prestamistas de los pobres se han convertido las empresas de servicios públicos

Durante los últimos siete años compañías como Codensa, Electrificadora de Santander y Aguas de Manizales han logrado lo que muchas entidades financieras no han podido hacer.

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mayo 23 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-05-23

Han podido penetrar con éxito en los hogares de menores ingresos, que aunque cuentan con una menor capacidad de pago, también consumen en grandes cantidades y, por ende, representan un negocio rentable.

El sistema financiero tradicionalmente no ha considerado como sujeto de crédito a este grupo de la población, debido al riesgo que implica prestarles a personas que, en la mayoría de los casos, no tienen un trabajo formal.

Pero las empresas de servicios públicos encontraron la clave de este negocio, que consistió en no basarse en el historial crediticio, pues muchos de los pobres ni siquiera lo tienen, sino en el historial de pago de su factura.

Codensa, empresa que provee energía a Bogotá y a algunos municipios de Cundinamarca, fue la pionera en este tipo de créditos, que se descuentan mensualmente con la factura del servicio público y que van en plazos de hasta 36 meses.

Con esa modalidad y con solo haber demostrado ser cumplidos en el pago de los servicios públicos, unos 800.000 hogares del país tienen hoy crédito para comprar electrodomésticos, computadores y hasta seguros.

La tasa de interés que cobran por lo general es igual o un poco menor a la tasa de usura que fija el Gobierno y que hoy está en 32,88 por ciento.

Este costo es mayor al de las tarjetas de crédito (que son el préstamo más caro que existe en el sistema financiero), pues en promedio su interés es de 30,77 por ciento. Sin embargo, en el país son pocos los que tienen acceso a este medio de pago (3,5 millones de personas hasta septiembre pasado).

Con poca mora

Los préstamos de las empresas de servicios públicos pertenecen a la categoría de consumo, es decir que se usan para comprar bienes distintos a vivienda y tampoco se destinan al desarrollo de empresas.

Pero, son justamente los créditos de consumo los que tienen preocupadas a las autoridades, dado que muchas personas se están endeudando para este propósito y el temor de los expertos es que como consecuencia de esta situación la morosidad se convierta en un problema generalizado.

En el sector financiero ya se está presentando un aumento de los créditos retrasados, pues el 7 por ciento de todos los créditos de consumo está colgado, mientras que un año atrás era el 4,9 por ciento.

Las empresas de servicios públicos dicen no compartir ese problema. "La calidad de la cartera es buena, pues nuestros clientes tienen una adecuada cultura de pago", dice Ricardo Roa, gerente de la Electrificadora de Santander.

La explicación para la puntualidad en los pagos podría estar en el hecho de que se cobran junto con la factura de los servicios públicos, y aunque para estas empresas es prohibido cortar el servicio si el crédito no es pagado, muchos de sus deudores no tienen claro ese tema y prefieren no arriesgarse a quedar sin luz, así que mejor pagan a tiempo.

De todas maneras, en caso de que un cliente se cuelgue, le cobran intereses de mora, lo reportan en las centrarles de riesgo y podrían llegar a un cobro coactivo, aunque las empresas entrevistadas dicen que no han alcanzado ese extremo.

Competencia 'desleal'

A las compañías de servicios públicos que ya prestan para consumo se unirá este año Empresas Públicas de Medellín (EPM), a la cual ya le fue aprobado un capital inicial de 50.000 millones de pesos.

A esto se suma el hecho de que las que ya están operando están ampliando su mercado y por ejemplo, Aguas de Manizales, se alista para otorgar créditos hasta por 1,5 millones de pesos sin codeudor, en caso de que el cliente no sea propietario de vivienda.

Estas crecientes ofertas de financiación han sido vistas por algunos de los actores del sector financiero como una competencia 'desleal', pues a las empresas de servicios públicos no las someten a los mismos controles que a ellos.

Así mismo, personas como el codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, y la futura presidenta del banco de microfinanzas Bancamía, María Mercedes Gómez, han manifestado su preocupación por el hecho de que estas compañías no hagan estudios de crédito adecuados y le presten a la gente por encima de su capacidad de pago.

Las empresas de servicios públicos se defienden, pues aseguran que sí revisan las centrales de riesgos para ver qué tan endeudadas están las personas.

Así mismo, dicen no sentirse competidoras de los bancos, dado que es tan grande el mercado, que hay espacio para todos.

Es más, en el caso de Codensa señalan que su 'Crédito Fácil' se ha convertido en la puerta de entrada de muchos de sus clientes de menores ingresos a la banca. En total el 33 por ciento de sus deudores no tiene historia crediticia previa con el sector financiero.

¿Un negocio sin supervisión?

Uno de los factores que ha generado preocupación frente a la actividad crediticia de las empresas de servicios públicos es que sus cifras no son revisadas por entidad estatal alguna.

Si bien su labor como proveedoras de agua, luz o telefonía está
bajo la  tutela de la Superservicios, la de prestamistas está en el limbo. Como es una labor financiera debería estar a cargo de la Superintendencia de ese ramo, pero ésta no las vigila, primero para no meterse en terrenos de otro organismo de control, y segundo porque el dinero que usan para prestar no es ahorro del público, sino su propio flujo de caja.

Como la Superservicios no tiene personal especializado en el tema de crédito cedió esta labor a la Superindustria, pero esta tampoco tiene claro si es a ella a quien le corresponde la supervisión.

"El tema está enredado, no hay una Ley que diga cuál es el responsable y eso se debe a que el crédito es un tema nuevo en la industria de los servicios públicos", dice una fuente de las superintendencias.

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