Así lo señaló el contralor Antonio Hernández, al hacer un análisis del denominado anexo del gasto social del presupuesto (parafiscales, el Sistema General de Participaciones, las pensiones, entre otros) en el que se evidencia que los dineros destinados a ese rubro bajaron como porcentaje del total de los gastos en 2,6 puntos porcentuales, con relación al año pasado, lo que va en contravía de la Constitución y del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Significa que el presupuesto de este año sería inconstitucional. Mientras que en 2005 de los 93,1 billones de pesos que sumaron los gastos totales, se destinaron al anexo social el 46,3 por ciento (43,05 billones), este año del presupuesto total que llega a 105,4 billones se destinaron a ello el 43,7 por ciento (46,06 billones). Según el Contralor, para cumplir con las normas, el Gobierno debió destinar al anexo del gasto social un total de 48,8 billones de pesos. Por eso le solicito adoptar las medidas pertinentes para subsanar este incumplimiento, dice Hernández en la carta al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtiéndole sobre las anomalías. Explicó el Contralor que si el Gobierno corrige el error haciendo traslados de un rubro a otro, deberá sumar a lo social 2,7 billones de pesos más, pero si decide hacer una adición presupuestal deberá destinar cinco billones de pesos, pues al aumentar los gastos totales, también deberá aumentar los recursos a lo social. La Contraloría advierte que el resultado analizado no obedece a cuestionamientos sobre qué rubros del presupuesto son o no gasto social, pues simplemente analizan el valor destinado al anexo social. El ministro Carrasquilla respondió ayer mismo y dijo que está en desacuerdo con la hipótesis del Contralor. Estamos seguros que el gasto social aumenta como proporción del gasto total y estamos seguros que cumplimos con los mandatos constitucionales y de Ley, dijo Carrasquilla.
