Las prioridades que inquietan a la minería

Más presupuesto para las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y que los funcionarios tengan mayor conocimiento del sector minero son los aspectos que se necesitan reforzar.

Consejo de Estado ratificó la destrucción de la maquinaria que se usa en la minería ilegal.

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Consejo de Estado ratificó la destrucción de la maquinaria que se usa en la minería ilegal.

Finanzas
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agosto 20 de 2014 - 04:03 a.m.
2014-08-20

Los diferentes sectores de opinión consultados en la encuesta Brújula Minera indicaron que las principales prioridades de política que se deben fortalecer para apoyar al sector minero colombiano son en primer lugar la coordinación entre agencias del gobierno.
Luego está el control a la explotación ilícita; claridad en los lineamientos para licencias y permisos; fortalecimiento de la capacidad técnica de los funcionarios y de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
César Díaz Guerrero, viceministro de Minas al respecto observa, que el Gobierno ha venido trabajando en mejorar la articulación horizontal para darles solución a los diferentes problemas que aquejan a este renglón productivo. Por tanto, los ministerios que tienen que ver con esta industria se están organizando para apoyar el desarrollo de la misma.
“Tenemos unas mesas al interior del Gobierno para mejorar esta coyuntura. Igualmente, venimos dialogando con las autoridades regionales y locales, para optimizar aún más las relaciones con estos sectores, por tanto, creemos que ya se han dado unos buenos resultados al respecto”, enfatiza Díaz.
En cuanto a la minería ilegal, la administración nacional ha desarrollado dos políticas muy claras, señala el Viceministro, una es de acompañamiento en la legalización y formalización de pequeños mineros y de minería tradicional, a la cual se le ha estado dando un manejo transparente y se han desarrollado unos contratos que sean de formalización.
Igualmente, se tienen siete laboratorios pilotos para la formalización en diferentes regiones. Con relación a la minería criminal se decidió un combate frontal contra esta y el Consejo de Estado, acaba de ratificar la utilización de una herramienta que es la destrucción de la maquinaria que se usa para este tipo de tareas ilícita.
En cuanto a los tiempos de respuesta de las licencias y permisos ambientales, “consideramos que la normatividad es clara para este caso, quizás falta profundizar en algunos funcionarios tanto del nivel nacional, regional y local, un conocimiento más a fondo del sector minero, porque requerimos que tengan una mejor información de este renglón y de lo que es la minería responsable, así como de las técnicas y buenas prácticas mineras. Para esta labor pedagógica requerimos más acompañamiento de las empresas o gremios”, destaca Díaz.
Sobre el fortalecimiento de las CAR, el Viceministro considera que se necesitan unas Corporaciones con mayor presupuesto para que puedan tener una fortaleza más técnica, para abordar algunos temas relacionados con el sector minero.
LA VISIÓN GREMIAL 
Entre tanto, la Asociación Colombiana de Minería (ACM), con el estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), confía en que se concrete el debate técnico en el sector minero donde prime las realidades y no las percepciones.
“Por tanto esta investigación permite recolectar información de base que es muy interesante para la toma de decisiones públicas, porque reúne a distintos grupos de interés que manifiestan su opinión de lo que es la minería”, comenta Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM.

EL PAPEL DE LAS CAR EN LA ACTIVIDAD MINERA COLOMBIANA 
Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) son entes que no solo ejercen autoridad ambiental al sector minero, sino en general a todos aquellos renglones productivos cuyas labores requieran de una autorización ambiental de competencias por parte de estas autoridades.
Solo en el sector minero, al año 2013, el Ministerio de Minas y Energía (Minminas) tenía otorgados más de 9.000 títulos mineros, de los cuales aproximadamente 2.700 contaban con licencia ambiental otorgada por las autoridades del ramo, lo que implica la necesidad de realizar control a dichos títulos. Por eso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads) con la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) realizaron un ejercicio que permitió cuantificar el costo que implicaría para el Estado, representado por las CAR, realizar un seguimiento y control ambiental adecuado a los requerimientos tanto del sector minero como del ambiental.
“Este trabajo estimo que para que las CAR puedan adelantar esta labor a 9.200 títulos mineros se requeriría de unos 145 mil millones de pesos al año y si se les hiciera este seguimiento a los 2.700 títulos con licencia ambiental, se necesitarían unos 45 mil millones”, indica Ramón Leal Leal, director Ejecutivo de Asocars.

LOS ASPECTOS CLAVES QUE EL GOBIERNO DEBE TRABAJAR PARA LA MINERÍA 
Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM, dice que “el Gobierno debe centrar sus esfuerzos en tres aspectos para ayudar al rubro minero. El primero es contar mejor la realidad de este. Para ello se debe perfeccionar el debate público que se fundamente en información técnica, real y contrastable.
El segundo es orientar sus esfuerzos en aumentar la producción de las compañías sin importar su tamaño. Y finalmente, la administración nacional debe trabajar en incentivar la exploración, porque lo más importante en el negocio minero es saber qué tiene en el subsuelo, qué puede extraer, cuánto se puede obtener, cuál es la rentabilidad y que posibilidades de mercadeo existen para ese mineral”.