Privadas ganan pleito a Adpostal El Consejo de Estado dice que entidades públicas están en libertad de escoger la empresa de correo.

Privadas ganan pleito a Adpostal El Consejo de Estado dice que entidades públicas están en libertad de escoger la empresa de correo.

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noviembre 06 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-11-06

Un fallo del Consejo de Estado acaba de proclamar la libre competencia en el transporte de la correspondencia de las entidades públicas de Colombia. En adelante, los envíos de objetos postales de los entes oficiales y semioficiales del orden nacional podrán ser trasladados incluso por firmas privadas distintas a la Administración Postal Nacional, Adopstal. Esa es la consecuencia de un fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad parcial de un oficio expedido por el Ministerio de Comunicaciones en 2001 y mediante el cual les ordenó a tales entes usar solo la red oficial de correos –Adpostal- al hacer sus remesas. La sentencia de la Sección Primera –integrada por cuatro de los 27 consejeros que conforman la corporación- se produjo al aceptar una acción de nulidad presentada contra un acto del Mincomunicaciones. El alto tribunal dejó sin efecto la siguiente expresión de un oficio expedido por el Jefe de la Oficina Jurídica de tal cartera: “Efectivamente las entidades oficiales y semioficiales del orden nacional deben transportar absolutamente toda su correspondencia a través de la red oficial de correos”. A su juicio, el Ministerio de Comunicaciones invadió la órbita del Presidente de la República en materia reglamentaria al expedir un acto mediante el cual, a la postre, restringió la libertad de competencia en los servicios postales. Del fallo del alto tribunal, proyectado por el consejero Rafael E. Ostau de Lafont P., -y apoyado por los consejeros Martha Sofía Sanz Tobón y Marco Antonio Velilla Moreno- hacen parte un salvamento del jurista Camilo Arciniégas y una aclaración de voto de Velilla Moreno. (Radicación 2002 00309). Según el consejero Velilla Moreno, ninguna especie de los servicios postales –correo y mensajería especializada- a partir de la Constitución de 1991 se encuentra excluida de la aplicación del derecho de la competencia. De acuerdo con Adpostal, en la actualidad presta los servicios de correo y mensajería especializada nacional e internacional a través de concesión otorgada por el Ministerio de Comunicaciones. LA CONTROVERSIA DE LAS EMPRESAS DE MENSAJERÍA La acción de nulidad está dirigida contra un oficio del Jefe de la Oficina Jurídica del Mincomunicaciones, en respuesta a una petición formulada por la Asociación Colombiana de Empresas de Mensajería Especializada. El objetivo del derecho de petición consistió en obtener un pronunciamiento del Gobierno en relación con aspectos de la regulación del servicio de mensajería especializada y un concepto –no obligatorio- de la Sala de Consulta a favor del uso oficial de la red de Adpostal. (Número 1363 de 9 de agosto de 2001). En esta solicitud, tal representante le preguntó al Mincomunicaciones si el Gobierno acogería dicho concepto contrario a la libre competencia y si éste, por tanto, había derogado las normas legales que permiten a los particulares prestar el servicio de mensajería especializada a las entidades públicas. Es decir, el Artículo 37 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 6 del Decreto 229 de 1995. Por eso, el vocero de las empresas de mensajería explicó: “Dada la notoria contradicción entre lo deducido en el concepto del Consejo de Estado y la Ley 80 de 1993 y el Decreto 229 de 1995, y en razón de la magnitud del daño y confusión que ese concepto ha causado y seguirá causando en el mercado, sugerimos a la señora Ministra dirigirse a la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado para que le pida aclaración de su concepto en mención”. El Ministerio de Comunicaciones respondió a la petición del representante de la Asociación Colombiana de Empresas de Mensajería Especializada, con el oficio identificado con los números 327670 y 000850, con fechas 3 de noviembre y 3 de diciembre de 2001. Según la respuesta entregada por esa cartera a: “El Mincomu- nicaciones comparte el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, emitido el 9 de agosto de 2001, en cuanto a que efectivamente las entidades oficiales y semioficiales del orden Nacional, deben transportar absolutamente toda su correspondencia a través de la red oficial de correos”. Ante esta situación, el ex magistrado José Gregorio Hernández Galindo pidió la nulidad de ese oficio ante el Consejo de Estado. Los cargos van desde expedición por funcionario incompetente hasta falsa motivación. RESPUESTA DEL MINISTERIO A LOS DEMANDANTES

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