La privatización de Eldorado

Eldorado actual no es la mítica laguna donde el Zipa muisca se sumergía cubierto de oro y esmeraldas, y que con tanto ahínco como frustración buscaron Jiménez de Quesada y sus seguidores. Hoy se trata del aeropuerto internacional de Bogotá, cuya privatización está a punto de adjudicarse como una concesión por veinte años, que puede significar un negocio de mayores dimensiones que la fortuna que anhelaban encontrar los aventureros españoles, y que se está peleando con más saña que la que utilizaron los conquistadores para someter a los nativos.

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agosto 22 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-22

La historia es muy interesante y sigue el modelo que se ha utilizado para desarrollar aeropuertos en Latinoamérica y otros países. El aeropuerto de Bogotá requiere una urgente ampliación y modernización, no sólo para que tenga una mayor capacidad de movilización de pasajeros y carga, sino para que pueda aprovechar su estratégica ubicación geográfica y se convierta en un punto nodal del transporte aéreo para todo el continente americano. Como se piensa que el Estado colombiano no tiene los recursos para acometer las obras necesarias y se presume que la administración pública generaría un foco de corrupción y politiquería que haría ineficiente su operación, se invita a empresarios privados para que financien las inversiones requeridas, reconstruyan y operen las instalaciones aeroportuarias a cambio de percibir todos los ingresos de la operación durante un período de veinte años. Para que el proceso sea transparente, no se adjudica a dedo sino que se abre una licitación pública en la cual el ganador no es el que ofrezca el menor costo de construcción, sino el que ofrezca una mayor participación al Estado de los ingresos brutos recibidos durante el período de la concesión. Estamos ante un negocio de grandes ligas. El costo de las obras puede estar alrededor de los 500 millones de dólares, y los ingresos esperados superan los 6.000 millones de dólares. Además no hay duda que es un muy buen negocio como lo demuestra el hecho de que se han presentado a la licitación 5 consorcios de empresas colombianas e internacionales, y que algunas de ellas están poniendo toda clase de zancadillas para eliminar a sus competidores. Aunque se acepte que el esquema de concesiones es conveniente para este tipo de proyectos y se reconozca que en muchos países los aeropuertos en concesión son muy eficientes, hay que advertir que eficiencia no es sinónimo de transparencia y que en la administración privada puede haber tanta corrupción como en la pública. El problema radica en la determinación del porcentaje de ingresos que le corresponde al Estado, que por definición son recursos públicos, de manera que hay corrupción si estos ingresos se disminuyen sin justificación y se los apropia un ente privado. En teoría la competencia en el proceso licitatorio debería garantizar que se maximicen los ingresos del Estado, pero en la práctica con el sistema utilizado en Colombia se eliminan participantes por leguleyadas o razones secundarias, lo que reduce la competencia y la posibilidad de que el Estado aumente sus ingresos. En efecto, estas licitaciones se hacen en dos etapas: en la primera se evalúan aspectos técnicos y legales y se descartan a quienes no cumplen todos los requisitos, y en la segunda se comparan las propuestas económicas pero sólo de quienes pasaron el primer filtro. Entonces se da el bochornoso espectáculo que se ha visto en el caso del Eldorado, en el que se multiplican las acusaciones entre los participantes para lograr la descalificación de competidores y poder ofrecer una menor participación al Estado. Lo criticable del proceso es que no se diferencia entre los requisitos esenciales y aquellos de carácter puramente formal que pueden ser subsanados. Por ejemplo, es claro que no puede participar en esta licitación quien no tenga amplia experiencia en operación de aeropuertos, pero no tiene sentido eliminar un participante porque le falte una certificación o un documento que puede aportar en cualquier momento. Lo que se hace en otros países es no separar las dos etapas y permitir a la mejor propuesta económica que subsane aquellos eventuales requisitos formales que no son esenciales. De esta forma se da más peso al componente económico de las propuestas y se garantiza que la privatización también sea un buen negocio para el Estado. En la privatización de Eldorado hay mucho dinero en juego; por ejemplo, un 5 por ciento de diferencia en la participación del Estado representa unos 350 millones de dólares que alimentarían a miles de niños en el programa de Bogotá Sin Hambre. No tiene sentido que el Estado pierda recursos de esta cuantía por interpretaciones subjetivas.Consultor privado"Lo criticable del proceso es que no se diferencia entre los requisitos esenciales y aquellos de carácter puramente formal que pueden ser subsanados”.

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