La apertura de proceso de responsabilidad fiscal fue la medida adopada por la Contraloría General de la República a los 20 diputados que aprobaron la ordenanza que dio vía libre a la contratación irregular de vigencias futuras en ese departamento.
El organismo recordó que a este proceso ya estaba vinculado el ex gobernador Juan Carlos Abadía. En un primer momento, la Contraloría había estalecido que el presunto detrimento patrimonial estaría cercano a los 650.000 millones de pesos, recursos con los cuales se hicieron contratos de concesión que, según pudo establecer el organismo de control, en realidad eran contratos de obra pública que generaban un detrimento patrimonial al departamento.
El gobernador (E), que reemplazó a Abadía, Francisco Lourido, tras las investigaciones de la contraloría, liquidó, de común acuerdo con los concesionarios, dichos contratos de concesión.
Entre los nuevos vinculados al proceso están Gustavo Trujillo Velasco, Secretario de Infraestructura y suscriptor del contrato de Consultoría N° 460 de 2009; Raimundo Antonio Tello Benítez, Secretario de Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca para la época de los hechos; y Luis Humberto Castrillón Rodríguez, Secretario de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca en ese momento.
La lista de incolucrados la agrandan los diputados Rubiel Antonio Muñoz Corrales, Ana Milena Ortiz Sánchez; Juan Eccehomo Calimán Pabón; Marino Del Río Uribe; Mario Germán Fernández De Soto; Yiminson Figueroa Carabalí; Fernando Forero Cruz; Álvaro López Gil; José Ritter López Peña; Mauricio Martínez Prado; Edgar Libardo Mejía Gallego; Amanda Ramírez Giraldo; José Fabio Rojas Giraldo; Jaime Aguilar Domínguez; Guillermina Bravo Montaño; Myriam Cristina Juri Montes; Emilio Merino González; Camilo Escobar Osorio; Norberto Tascón Ospina, y Antonio Ospina Carballo.