Procesos legales para declaraciones tributarias

Procesos legales para declaraciones tributarias

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septiembre 15 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-09-15

Qué procedimiento legal, se debe realizar para efectuar descuentos por ReteIca y Retefuente, que por error involuntario, se dejaron de practicar? De acuerdo con las disposiciones del Estatuto Tributario aquellas personas, naturales o jurídicas, que cuentan con la calidad de agentes de retención, están obligados a practicar la retención o percepción del tributo y a consignarlo en los plazos señalados por la Dian. Igualmente, indica que los agentes que no efectúen las retenciones son responsables por las mismas, es decir, aquellos agentes que por cualquier motivo dejen de practicar retenciones, estando obligados a ello, responderán ante la Dian por la sumas dejadas de retener, las sanciones originadas en el incumplimiento de sus deberes serán de exclusiva responsabilidad del agente. Lo anterior sin perjuicio del derecho a solicitar el reembolso de las sumas que no se retuvieron al sujeto objeto de retención. Así, si un agente de retención dejó de practicar retenciones sobre pagos sujetos a ella y, por consiguiente, no las incluyó en su declaración tributaria, deberá corregir dicha declaración para incluir las retenciones del caso y efectuar el correspondiente pago, liquidando la respectiva sanción de corrección y los intereses moratorios. Así las cosas, si con ocasión de un error involuntario un agente de retención dejó de practicar retenciones en la fuente que se encontraba obligado a practicar, deberá asumir dichas retenciones en la fuente, incluyéndolas en su declaración y consignándolas a favor de la Dian, y posteriormente podrá solicitar el reembolso de la retención al tercero. Recuerde que la deducibilidad de ciertos costos y gastos se encuentra condicionada a que haya sido practicada la retención en la fuente. Las anteriores consideraciones se hacen respecto de las retenciones en la fuente sobre impuestos de carácter nacional, tema regulado por el Estatuto Tributario Nacional y, por consiguiente, de obligatoria aplicación para los contribuyentes. El impuesto de industria y comercio es un tributo de carácter municipal sujeto a las regulaciones particulares de cada Municipio, por lo que en cada jurisdicción deberán analizarse normas locales a fin de establecer los efectos que se derivan de la omisión de la retención en la fuente por impuesto de industria y comercio. Ahora, habida cuenta que por expresa disposición del artículo 127 - 6 del Decreto Distrital 422 de 1996, a falta de regulación específica en materia retención en la fuente sobre el impuesto de industria y comercio, deben aplicarse las normas del Estatuto tributario Nacional, las anteriores consideraciones también tendrían aplicabilidad en Bogotá D.C. La compañía se encuentra interesada en cambiar la vida útil y el método de depreciación de sus activos, para adoptar el método de unidades técnicas de producción en lugar del método de línea recta. ¿Necesitamos autorización de la Dian para el efecto? cuál es el procedimiento legal para hacerlo? Según el artículo 134 del Estatuto Tributario, la depreciación se calcula por el sistema de línea recta, por el de reducción de saldos u otro sistema de reconocido valor técnico autorizado por la Administración de Impuestos correspondiente. A su vez, el artículo 2 del Decreto Reglamentario 3019 de 1989 establece la vida útil de los activos fijos depreciables en 20 años para los inmuebles; 10 años para bienes muebles (barcos, aviones, trenes y maquinaria); y 5 años para vehículos automotores y computadores. Respecto de la viabilidad de usar una vida útil diferente dispone el artículo 138 de Estatuto Tributario: “Posibilidad de utilizar una vida útil diferente. Si el contribuyente considera que la vida útil fijada en el reglamento no corresponde a la realidad de su caso particular, puede, previa autorización del director general de impuestos nacionales, fijar una vida útil distinta, con base en conceptos o tablas de depreciación de reconocido valor técnico”. Y expresa el artículo 4, inciso 2, del Decreto Reglamentario 1649 de 1976 que en el evento en que el contribuyente solicite autorización para adoptar un sistema de depreciación, de reconocido valor técnico, diferente a los de línea recta o reducción de saldos, para fijar una vida útil diferente a la establecida en el reglamento, deberá elevar solicitud ante la Dian con por lo menos tres meses de anterioridad a la iniciación del ejercicio en el cual vayan a tener aplicación. De esto se puede colegir que un contribuyente que desee cambiar el método de depreciación de sus activos, previamente deberá presentar la solicitud ante la Administración de Impuestos. La solicitud deberá presentarse tres meses antes a la iniciación del año gravable en que el nuevo método de depreciación producirá efectos, o sea, a más tardar el 30 de septiembre del año correspondiente. La resolución de facturación de la compañía vencerá próximamente, sin embargo, aún no hemos agotado el número de facturas que nos fue autorizado por la misma es necesario obtener una nueva resolución? La Resolución 3878 de 1996 proferida por la Dian, indica que a fin de controlar el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los contribuyentes, los mismos deben solicitar ante la Administración de Impuestos correspondiente, una autorización de numeración de sus facturas. La autorización tiene 2 años de vigencia, contados a partir de su notificación. Señala la misma resolución que si transcurridos los dos años, no se hubiere agotado la numeración autorizada, la nueva resolución reconocerá tal circunstancia, habilitando la numeración anterior. Para el efecto deberá presentarse la solicitud, haciendo uso de los formatos correspondientes, los cuales podrá encontrar en la página web de la Dian: www.dian.gov.co. Una sociedad limitada que ha sido constituida durante el año 2008 se encuentra obligada a presentar sus declaraciones tributarias firmadas por revisor fiscal? Indica el artículo 580 del Estatuto Tributario que se entenderán como no presentadas las declaraciones tributarias que carezcan de la firma de quien tiene el deber formal de hacerlo o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal. De conformidad con la legislación mercantil, se encuentran obligadas a tener revisor fiscal las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y aquellas sociedades en que por ley o por los estatutos la administración no corresponda a los socios. Según ha estipulado la Ley 43 de 1990, aquellas sociedades comerciales cuyos activos al 31 de diciembre del año inmediatamente al gravable, sean equivalentes o superiores a cinco mil (5.000) salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos sean equivalentes o superiores a tres mil (3.000) salarios mínimos, están obligados a tener revisor fiscal independientemente de la naturaleza jurídica de las sociedades, esto es independientemente de que se trate de una sociedad limitada, anónima, en comandita, entre otras De lo anterior se colige que, en el evento en que una sociedad limitada sobrepase los topes de activos o de ingresos brutos, antes citados, se encontrará obligada a tener revisor fiscal y, en consecuencia, sus declaraciones tributarias deberán contar con su firma. Nótese que a la luz de las disposiciones tributarias, para efectos de determinar la obligatoriedad de tener revisor fiscal deben tenerse en cuenta los activos y/o ingresos de año inmediatamente anterior al correspondiente año gravable, es decir, para el año gravable 2008 deberán tener revisor fiscal las compañías cuyos ingresos y/o activos hayan sobrepasado los citados topes a 31 de diciembre de 2007. Teniendo en cuenta que la sociedad fue constituida en el año 2008, no está obligada a tener revisor fiscal y, en consecuencia, sus declaraciones no deben contar con su firma. De otro lado, es de resaltar que los contribuyentes que por disposición legal deben llevar libros de contabilidad, deberán presentar su declaración de renta firmada por contador público en el evento en que en el último día del año gravable su patrimonio y/o ingresos brutos del respectivo año sean superiores a 100.000 UVT, aunque no se encuentre obligado a tener revisor fiscal. También debe señalarse que la firma del contador público es requisito en las declaraciones de Retención en la fuente y de IVA cuando los activos y/o ingresos del contribuyente superen las 100.000 UVT en el año inmediatamente anterior al año gravable. WILABR

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