El Procurador y la reforma laboral

El Procurador y la reforma laboral

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octubre 30 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-10-30

La propuesta del Procurador resulta extraña jurídicamente, pero apunta a un tema que la academia no ha logrado dilucidar hasta el momento: ¿la reforma laboral del 2002 ha dado buenos o malos resultados? Argumentando que la reforma del 2002 no arrojó buenos resultados, el Procurador solicita a la Corte que declare su inconstitucional. La declaratoria de inexequibilidad planteada por el jefe del Ministerio Público no resulta procedente por dos razones. En primer lugar, porque la Corte ya se pronunció sobre la Ley 789 del 2002 con un fallo que goza de la condición de ‘cosa juzgada’. Y en segundo lugar, porque al juez de constitucionalidad no le corresponde declarar la inexequibilidad de las normas cuando los objetivos por ellas perseguidos no se cumplen o se cumplen deficientemente. No hay control por inconveniencia. Ahora bien, las opiniones -aun las más calificadas- difieren sobre los resultados obtenidos con la Ley 789 del 2002, por la cual se flexibilizaron diversas condiciones del contrato de trabajo en Colombia. Por ejemplo, investigadores tan serios como Juan Carlos Echeverri han concluido que esta ley dio buenos resultados, al paso que otros igualmente respetables como Alejandro Gaviria concluyen lo contrario. Lo que sí parece evidente es que el Gobierno sobreestimó en su momento el número de puestos de trabajo que se iban a conseguir con esta ley. El empleo ha aumentado últimamente, pero el papel que parece haber jugado la reforma del 2002 en esa mejoría es insignificante. Hay sin embargo, otro factor que no depende de la Ley del 2002 y frente al cual toda la academia está de acuerdo: con las reformas tributarias de los últimos años (en las que a manos llenas se han prodigado gabelas tributarias para abaratar el capital) se ha terminado por encarecer en términos relativos el factor trabajo en Colombia. Y esta parece ser una de las razones del alto desempleo que subsiste en el país. Sobre este asunto el Gobierno guarda silencio sepulcral. La desoída Comisión del Gasto Público advertía, por ejemplo, lo siguiente: “El costo del capital ha disminuido de manera significativa, como resultado de la revaluación y de las exenciones tributarias. En cambio, el costo de la mano de obra se ha incrementado, como consecuencia del aumento de las contribuciones a la seguridad social, de los impuestos a las nóminas y del salario mínimo real”. Parece haber además una gran susceptibilidad gubernamental sobre estos temas laborales cada vez que alguna cifra no resulta de su agrado. Por ejemplo, el Ministro de Agricultura se fue lanza en ristre contra el Dane (como si esta entidad no tuviera ya gravemente averiada su credibilidad para que le sigan disparando dardos desde el mismo Gobierno), con el argumento que no eran fidedignas las estadísticas de retroceso en el empleo rural. Pues bien, la misma semana en que habló el Ministro, la SAC confirmó la grave situación de desempleo que se vive en las zonas rurales, e informó que durante el primer semestre del 2007 se perdieron 2’553.000 jornales en el agro (ver PORTAFOLIO de octubre 19). El debate no está entonces en si procede la inconstitucionalidad de la Ley del 2002, que alguna flexibilidad saludable le introdujo al mercado laboral colombiano, aunque sus efectos como generadora de empleo parecen haber sido menores. El verdadero debate -que el Gobierno rehuye afrontar- es el de si la revaluación y las costosas gabelas tributarias que ha otorgado a manos llenas durante los últimos cinco años para abaratar el capital están desalentando o no la creación del empleo productivo en Colombia. Juan Camilo Restrepo Ex ministro de Hacienda Con las reformas tributarias de los últimos años se ha terminado por encarecer en términos relativos el factor trabajo en Colombia”.

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