A través de un acta de entendimiento, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, la Terminal de Contenedores, el Terminal Aguadulce, la firma Cemas y el Grupo Portuario plantearon que, para ejecutar las obras, se utilicen los recursos que recibe el Gobierno como contraprestación por el uso de playa y baja mar, calculados en 500 millones de dólares hasta el año 2034.
Margarita Isaza, directora de Proyectos del Grupo Empresarial del Pacífico (Gepsa), indicó que ahora el Ministerio de Transporte deberá evaluar esta iniciativa privada y decir si está de acuerdo.
El Ejecutivo tiene hasta el 12 de enero para decidir si lo va a hacer y, una vez ello ocurra, se establecerá si el mecanismo es una licitación pública internacional o la ejecución directa por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías).
En cumplimiento de un documento Conpes, el dragado a 13,5 metros deberá hacerse entre el 2011 y el 2012, mientras que la profundización a 15,5 metros deberá quedar lista a más tardar en el 2015.
Cuando la profundidad llegue a 13,5 metros, esta subirá a 16 metros en las horas de marea alta, dándole la posibilidad de entrar al 80 por ciento de los barcos de todo el mundo.
La idea es que mientras se hace la primera parte del proyecto, simultáneamente las autoridades de transporte pidan los permisos ambientales que den vía libre al dragado hasta los 15,5 metros.
Se calcula que con esta medida caiga en un 30 por ciento en promedio el costo del flete para quienes operan el puerto y de forma proporcional los gastos que paga la cadena logística.
Los terminales marítimos ratificaron su desacuerdo con la imposición de peajes a la carga o a los buques como mecanismo para financiar las obras.
13,5 metros será el dragado, el cual debe hacerse entre el 2011 y el 2012, según el Conpes.