El Ministerio de Agricultura tiene el 6 por ciento, el Inficaldas posee el 22 y, el restante 2 por ciento es propiedad de la empresa Vecol, el departamento de Risaralda y los municipios de La Dorada y Pereira.
Sin embargo 'desprenderse' de esa participación no ha sido nada fácil; por ejemplo, a un ejercicio de martillo realizado en enero del 2007 en que se se ofrecieron y remataron en un lote único, para cada fondo, bajo la condición de 'todo o nada', no se presentó oferta alguna.
Previamente, en el 2006, se ofrecieron al sector solidario que las rechazó, pese a que el Banco Agrario garantizó una línea de crédito exclusiva para este propósito, con un plazo de cinco años, un período de gracia de un año y tasa de interés de DTF+8.
Así, además de las acciones en el FBC, la nación tiene más acciones en otros fondos: Tolima,19,18 por ciento; Córdoba, 15,03; Magdalena, 20,53; Occidente, 40,89 y Santander, 13,46 por ciento. En las cuentas del Gobierno (hechas en 2006) la venta de las acciones en los fondos ganaderos le representaría ingresos por algo más de 23.396 millones de pesos.
Sin embargo, el proceso de enajenación de estos activos no ha sido fácil, en la medida que los fondos ganaderos, de ser entidades de fomento pecuario y operar como bancos de segundo piso, pasaron a ser sociedades comerciales.
Además, de redescontar créditos con tasas de interés subsidiadas, hoy se endeudan como cualquier empresa comercial, pues la Ley 1094 de 2006 les prohibió intermediar los recursos de Finagro.
La 'estocada final' al dio el Gobierno con esta Ley (ver recuadro), expedida tras la debacle del Fondo Ganadero del Caquetá, que dejó a medio hacer varios proyectos de mejoramiento genético bovino y uno de caucho en el Vichada, donde se perdieron 30.000 millones de pesos, representados en maquinaria, insumos, obras civiles y más de un millón de plántulas importadas.