Protección de la competencia

Después de más de dos años de trabajo coordinado, entre el Gobierno Nacional y el Congreso, en la pasada legislatura las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, aprobaron al texto conciliado del proyecto de ley “por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”.

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julio 31 de 2009 - 05:00 a.m.
2009-07-31

Con este consentimiento, y una vez se produzca la sanción presidencial, Colombia contará con una poderosa herramienta para prevenir y combatir aquellas prácticas comerciales que tienen por objeto restringir o impedir la libre competencia en los mercados, premisa fundamental del desarrollo empresarial y, por ende, del crecimiento económico de un país. En efecto, acuerdos entre empresas para fijar precios o condiciones de compra o de venta, monopolización de los canales de comercialización, y abuso por parte de grandes empresas de su posición de dominio, entre otras, son prácticas anticompetitivas, que no sólo perjudican a los demás jugadores del mercado, sino que, en últimas, van en detrimento del aparato productivo nacional, de la inversión y, sobre todo, de nuestros consumidores, quienes van a ver reducida la oferta de los bienes y servicios necesarios para su bienestar. Así como hay muchas empresas y agentes del mercado que actúan de manera transparente y honesta, existen otros que no lo hacen. Con esta ley, buscamos desincentivar por completo la incursión en tales prácticas, cuyas consecuencias recaen directamente sobre los consumidores; los empresarios, que se ven obligados a salir de un mercado por las guerras de precios; los trabajadores de esas empresas que pierden sus empleos y, de manera global, la economía nacional. Además, el país pierde competitividad internacional, pues al reducirse la competencia, las empresas pierden los incentivos a la calidad y a la innovación, motores fundamentales de la economía globalizada. La libre competencia -entendida como la posibilidad de producir o distribuir sus productos libremente, sin obstáculos ilegales o indebidos- no es entonces un asunto que concierne sólo al Estado o a los competidores, sino a los ciudadanos, pues todos, sin excepción, somos consumidores. Por eso, desde hace varios años el Gobierno Nacional venía insistiendo en la necesidad de actualizar y fortalecer el régimen legal -acompañado de las respectivas reformas institucionales- de defensa de lo que en nuestra Constitución Política se denomina “el derecho a la libre competencia económica”. Derecho, porque todos los ciudadanos, potencialmente, tenemos la posibilidad de ofrecer productos en el mercado y, si éstos son buenos, venderlos y obtener una ganancia razonable. Libre, porque salvo las regulaciones justificadas, que existen en todos los países para proteger también los intereses de los ciudadanos, por ejemplo la salud, en virtud de lo cual los productos de consumo humano deben tener ciertas características mínimas, no deberían existir trabas ni del Gobierno, ni de las leyes, ni de otros particulares, para acceder a los diferentes canales de distribución. Y ese derecho a la libre competencia va de la mano con otro derecho -tal vez más importante, pero también más disperso, dado que sus destinatarios somos muchos y por eso es difícil actuar con una sola voz- que también corresponde al Estado hacer valer: el derecho de los consumidores a tener un adecuado acceso a los bienes y servicios necesarios para su bienestar. Adecuado no sólo en términos de cantidad, sino de calidad y precio. Cabe recordar, que el primer esfuerzo legal en Colombia, en esa dirección, data de 1959, y sólo hasta 1992 comenzó realmente a cumplirse esta tarea, con la reestructuración de la Superintendencia de Industria y Comercio, como ente encargado de hacer efectivas esas normas. Desde entonces, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emprendió un esfuerzo considerable para proponer un articulado acorde con los retos actuales y con las exigencias del mercado global, teniendo como referencia las mejores prácticas internacionales y la propia experiencia nacional. Esfuerzo al que se sumaron algunas entidades del Gobierno, el sector académico, los gremios, y, notablemente, el Congreso, de donde surgió una iniciativa similar a la nuestra, presentada por el senador Álvaro Ashton, la cual dio la base para que, conjuntamente, entre el Gobierno y el Congreso, lográramos afinar un texto adecuado a los fines perseguidos: contar con una autoridad de protección de la competencia más sólida, y con mejores herramientas para combatir más eficazmente prácticas como las mencionadas. De esta forma, la ley cumple con los objetivos de centralizar las funciones de protección de la competencia en una sola autoridad y fortalecer su capacidad de acción, lo cual es necesario para una efectiva represión de las prácticas anticompetitivas; permitir a los consumidores acceder a precios justos, de acuerdo con la calidad y determinados por el mercado; adecuar las normas a la realidad de los mercados actuales; evitar que se obstaculice la permanencia de las industrias en crecimiento; e incentivar la competitividad nacional, entre otros. Sin embargo, el aspecto más relevante del texto de la ley es la consolidación de una autoridad única, que centraliza las funciones de protección de la competencia en todos los mercados, terminando con la dispersión -y la confusión- existente. Valga señalar que esta ley viene a ser el corolario -y no el principio- de una serie de acciones emprendidas por el Gobierno Nacional, con miras a fortalecer la competitividad y la eficiencia del aparato productivo nacional. En tal sentido, forma parte integral del propósito de contar con empresas capaces de ofrecer productos y servicios de la mejor calidad y al precio justo en los mercados nacionales, además de ser competitivos en los mercados internacionales. ''Colombia contará con una herramienta para prevenir ycombatir aquellas prácticas comerciales que restringen oimpiden la libre competencia en los mercados. LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ. Ministro de Comercio, Industria y Turismo '' La libre competen- cia no es un asunto que concierne sólo al Estado o a los competidores, sino también a los ciudadanos.” '' Sus objetivos son centralizar las fun- ciones de prote- cción de la compe- tencia en una sola autoridad.” '' Esta ley viene a ser el corolario de una serie de acciones emprendidas por el Gobierno.WILABR

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