Protección de datos: derechos de titulares

Especial para PORTAFOLIO En esta época del año cuando muchos se ven enfrentados a los pagos de sus compras de diciembre, los consumidores deben ser especialmente conscientes de las consecuencias que tiene sobre la historia de crédito el incumplimiento de sus obligaciones.

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enero 19 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-01-19

El usuario responsable debe tener siempre en cuenta su capacidad de pago, toda vez que un sobreendeudamiento puede transformarse en un atraso en los pagos y, consecuentemente, en un reporte negativo que incida en la negación de nuevos créditos. Publicar en las centrales de riesgo los datos de las personas que no pagan oportunamente sus obligaciones, es una herramienta de gran utilidad para hacer un buen análisis de riesgo de crédito. La revisión de la información negativa asociada a una persona es uno de los instrumentos que le permite a los analistas en bancos, almacenes y empresas de servicios, otorgarles crédito a personas cumplidas con sus pagos. De esta manera se protege el ahorro público (que no se entrega a personas ‘mala paga’) y se asignan los recursos eficientemente. Recoger información en estas bases, siempre y cuando se realice con total respeto de los derechos de los titulares, es útil y es lícito, motivo por el cual las personas deben procurar ser prudentes frente a su capacidad real de endeudamiento: el derecho al buen nombre financiero se gana por la puntualidad en el pago de las obligaciones. La sensibilidad y la importancia social de los reportes a las centrales de riesgo, implica correlativamente que las personas involucradas en el manejo de los datos personales, deban garantizar a los dueños de la información el respeto de su derecho constitucional de hábeas data entendido como la facultad de conocer, actualizar y rectificar la información recogida en una base de datos. Dentro de las grandes virtudes de la Ley de Hábeas Data expedida en diciembre de 2008, se encuentra la creación de mecanismos eficaces para que los ciudadanos puedan presentar quejas y reclamaciones por el mal manejo de su información crediticia. Antes de la expedición de la Ley, las personas sólo podían a acudir a una acción de tutela para proteger su derecho al hábeas data. El Congreso de la República, consciente de la necesidad de incorporar a la legislación alternativas de protección para los ciudadanos, introdujo en la ley un procedimiento mediante el cual las personas pueden acudir directamente ante la entidad que efectuó el reporte (fuente) o ante la central de riesgo para consultar su historia crediticia o solicitar su actualización o rectificación. Si esas entidades no contestan el reclamo o la respuesta es insatisfactoria, se puede dirigir a las Superintendencias de Industria y Comercio o Financiera, dependiendo de la naturaleza de la entidad contra la cual haya dirigido su reclamación. Cuando la información de la central de riesgo sea de carácter financiero, crediticio, comercial o de servicios, las personas cuentan con la posibilidad de usar los mecanismos de consultas, reclamos y quejas establecidos en la Ley de Hábeas Data. Consultas: Mediante la consulta las personas pueden solicitar a la central de riesgos o la entidad que efectuó el reporte, información acerca de sus datos personales que se encuentren recogidos en una base. Las consultas, verbales o escritas, deben ser atendidas en máximo 10 días hábiles. Reclamos: Se deben formular por escrito ante la central de riesgo o la fuente para que la información se corrija o se actualice. El término máximo de atención de los reclamos es de 15 días hábiles. Quejas: Únicamente en caso de que la entidad que reportó la información o la central de riesgo no haya respondido el reclamo o si la respuesta dada no fue adecuada, los deudores podrán presentar ante la superintendencia correspondiente una queja administrativa para que se ordene la corrección, actualización o retiro de los datos. Es importante advertir que los usuarios cuentan con la posibilidad de interponer una queja ante la superintendencia competente desde el momento en que dichas entidades asumieron sus funciones. El procedimiento se encuentra previsto en la ley y con base en él se han abierto las investigaciones respectivas. *Asesor despacho Superintendente de Industria y Comercio El usuario debe ser consultado antes de ser reportado Si usted paga su obligación en mora o si esta se extingue por cualquier modo, sus datos negativos no pueden permanecer de forma indefinida en las bases de datos de las centrales de riesgo. La nueva Ley de hábeas data fijó un término de permanencia máximo de la información negativa de cuatro años contados a partir del pago o del momento en que se extinga la respectiva obligación. No obstante, para el caso de periodos de mora inferiores a dos años, los datos negativos podrán permanecer máximo por un término igual al doble de la mora. Para generar el reporte por parte de las entidades financieras a las centrales, se debe contar con la autorización previa y expresa del deudor. Las entidades sólo podrán realizar este trámite cuando le hayan avisado al titular con una antelación de por lo menos 20 días. Lo anterior, con el fin de que las personas puedan efectuar el pago o controvertir la respectiva obligación. Permanencia del reporte negativo La Ley de Hábeas Data aclaró los tiempos que puede permanecer la información negativa en las centrales de riesgo. Estos, sin embargo, deben ser interpretados con los criterios que aplicó la Corte Constitucional en la sentencia C-1011/08 según la cual, cuando el tiempo en que el deudor ha estado en mora es menor a 2 años, el término que puede permanecer reportada la información negativa no podrá ser mayor al doble del tiempo en que permaneció en mora. Una obligación con mora de 3 meses, sólo se podrá incluir en las centrales de riesgo por máximo 6 meses. Para los demás eventos, el término máximo de permanencia de la información negativa será de 4 años contados a partir de la fecha en que se pague o se extinga la obligación. Los deudores deben ser conscientes de que el pago de la obligación no implica la eliminación automática de su información negativa. Cuando la persona paga, las entidades que han efectuado el reporte deben informar esta circunstancia a la central de riesgo, para que esta actualice el reporte y muestre que la obligación fue pagada. A pesar de que la obligación se muestre como pagada esto no implica la eliminación inmediata de la información histórica que refleja la mora anterior. Por el contrario, esta se sujetará a los términos de caducidad que se indicaron anteriormente. La ley estableció mecanismos para que las personas que aparecen reportadas en una central de riesgo puedan presentar sus quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante la Superintendencia Financiera. Para poder presentar una queja ante las superintendencias, es necesario acreditar que se tramitó el reclamo previamente ante la central de riesgo o ante la fuente. Si éstos no responden en el término máximo de 15 días hábiles o si le responden de forma inadecuada, podrá presentar su queja ante la respectiva superintendencia. EMIMEN

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