El proyecto que busca regular lo voluntario

La decisión voluntaria de ser socialmente responsable depende de la presión que ejerce el mercado. Los consumidores, los medios, los clientes, los accionistas, entre otros, exigen a las empresas hacer su negocio sin comprometer su entorno. De ignorar estas demandas las compañías pondrían en riesgo su sostenibilidad.

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julio 31 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-31

¿No resulta ilógico regular legalmente algo que en principio (y en final) es voluntario? ¿Algo que responde a las exigencias del mercado? ¿No es contradictorio pretender hacer obligatorio un comportamiento que en esencia va más allá de la ley? Se entiende que una empresa socialmente responsable ya respeta y cumple la ley. Lo que haga más allá de ella es voluntario y pertenece a la esfera empresarial. Tal cosa es lo que pretende el proyecto de ley 031 de 2007, Por la cual se definen normas sobre la Responsabilidad Social y Medioambiental de las empresas y se dictan otras disposiciones. Este proyecto, que ya fue aprobado en Senado y está próximo a ser debatido en la Cámara de Representantes, peca en varios aspectos. Además de pretender hacer obligatoria una actitud voluntaria, el proyecto parte de que todas las empresas son iguales. Como Porter y Kramer lo sostienen, es un error asumir esta homogeneidad. Adicionalmente, en su exposición de motivos el proyecto cita varias definiciones de RSE que la precisan como comportamiento voluntario. Es ilógico justificar una ley que obliga, con base en conceptos que ilustran la voluntariedad de lo que pretende ser regulado. Una revisión juiciosa al estado del arte de los temas a legislar siempre es necesaria. Por si fuera poco, la propuesta deja la puerta abierta para que se introduzcan aún más regulaciones que incluso ya están en la ley. Esa puerta abierta también da pie para que las empresas asuman funciones que en principio están en cabeza del Estado (pobreza, desplazamiento, entre otros). Otro aspecto que merece la atención de los empresarios es el de las facultades asignadas al que sería el Consejo de RSE (art. 7º del proyecto). Algunas de ellas son “expedir normas y evaluar estado de la RSE”, “proyectar reglamentos”, “citar a los representantes legales de las empresas y pedir de las mismas informaciones necesarias”, “divulgar ante la comunidad las buenas y malas acciones de las compañías en materias sociales y medioambientales mediante anuncios publicitarios en medios masivos” y “hacer auditorías aleatorias”. ¿Qué empresa quiere que además de los controles ya existentes un Consejo tenga los poderes que este proyecto le otorga? Aunque el argumento a favor del proyecto pueden ser las leyes que ya existen en otros países, podemos responder que no estamos obligados a importar tendencias, y sus campos de aplicación difieren del proyecto de ley que discutimos. No queremos decir con esto que el Estado debiera estar del todo desligado de la RSE. Bien o mal son los Gobiernos quienes se comprometen ante la ONU a alcanzar localmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En lo que hay desacuerdo es en el método. Se entiende que una empresa socialmente responsable ya respeta y cumple la ley. Lo que haga más allá de ella es voluntario.ANDRUI

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