El proyecto de reforma tributaria dejaría sin beneficios a zonas francas

Siete meses después de haber estrenado el nuevo régimen de zonas francas en Colombia, creado por la ley 1004 del 2005, estas entidades enfrentan un nuevo ‘remezón’.

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agosto 03 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-03

(VER GRÁFICO DESVIACIONES DE LA TARIFA DE IMPORRENTA) El proyecto de reforma tributaria presentado por el Ministerio de Hacienda prácticamente borra de un plumazo lo acordado para las zonas francas. En el proyecto de ley se elimina buena parte de las exenciones concedidas con anterioridad para varios sectores y se establece de manera expresa que aquellas que no estén incluidas, dejarán de operar. La ley 1004, que entró en vigencia en enero de este año, permitió a las zonas francas mantener algunas ventajas en materia tributaria, para las empresas que se ubiquen allí. La principal señala que las empresas que establezcan sus operaciones en zonas francas pagarán una tarifa de renta equivalente al 15 por ciento, estímulo con el que se busca aumentar la generación de empleo. Como en el texto de la reforma tributaria no se menciona que se mantendrá el régimen creado para las zonas francas, esto las deja en el mismo nivel de las demás empresas, lo que implica que los beneficios de los que gozaban en materia de renta se acabarán y tendrán que comenzar a pagar una tarifa de 34 por ciento por renta. El tema ha generado tal revuelo entre los directivos de las zonas francas que operan en el país, que para hoy se convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva de la cámara de zonas francas de la Andi. Aunque los directivos no quiere hablar públicamente sobre esta iniciativa, para no generar alarma entre los empresarios que actualmente están asentados en zonas francas o los que planean llegar allí, ya comenzaron los acercamientos con el Gobierno para conocer la razón por la cual se desconoce por completo un esquema tributario especial para estas operaciones. El principal motivo de inconformidad tiene que ver con la inestabilidad que se genera al cambiar -en tan corto tiempo- de régimen tributario. En momentos en que el país promueve una cultura de estabilidad jurídica, éste es un revés para su filosofía y provoca mayor inestabilidad. A ésto se suma la incertidumbre que se genera entre los nuevos inversionistas, quienes sin lugar a dudas querrán tomarse un tiempo adicional para decidir si se establecen o no en zonas francas. Los promotores de estas figuras jurídicas se quejan además por el desgaste que generó el cabildeo desplegado el año pasado para lograr la aprobación de la Ley 1004, que incluso tuvo mensaje de urgencia al Congreso por parte del presidente Alvaro Uribe, y que pierde su efecto con este proyecto de reforma. Uribe ha sido uno de los principales difusores de los beneficios que para las empresas ubicadas en zonas francas tiene la ley que entró en vigencia en enero del 2006. En el Gobierno, las respuestas son más bien evasivas. El ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, dijo respecto al tema de las zonas francas que “ésta es una preocupación legítima” pero se abstuvo de hacer más comentarios al señalar que “detesto la institución del fuego amigo, no haré críticas a la reforma tributaria y abordaré con el Ministro de Hacienda las preocupaciones que tenemos, las cuales tienen que ver con zonas francas y los beneficios tributarios vigentes para la hotelería”. Pero ¿qué ocurrió con el tema de las zonas francas? Nadie sabe a ciencia cierta por qué esta figura quedó por fuera de la nueva estructura tributaria, cuando el propio presidente Uribe ha sido uno de sus principales promotores. Algunos funcionarios del Gobierno han dicho extraoficialmente que en el proyecto se buscó dejar el mínimo de exenciones pues el objetivo era diseñar una reforma estructural, que de una vez por todas termine con los beneficios que ‘perforan’ la estructura tributaria. Esto habría llevado a los funcionarios del Ministerio de Hacienda a hacer caso omiso de la reciente expedición de leyes favoreciendo determinados sectores, lo que dejó en la cuerda floja a las zonas francas.****** Uno de los objetivos de la reforma tributaria que se radicó en el Congreso consiste en eliminar varios de los beneficios que hoy existen en el sistema con el propósito de hacerlo más equitativo. Sin embargo, no todos los beneficios que hoy existen desaparecerían de inmediato, pues según las explicaciones que han dado tanto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como el director de la Dian, Oscar Franco, se deben “respetar las situaciones jurídicas constituidas”. En otras palabras, quienes ya se han acogido a algunas exenciones podrán seguir gozando de las mismas por un determinado tiempo. En este último grupo están por ejemplo los servicios hoteleros, la venta de energía eléctrica con base en recursos eólicos, la prestación del servicio de transporte fluvial, el servicio de ecoturismo y el aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, entre otras. Pero esos beneficios se recortarán en el tiempo. Así, hoy la Ley señala que esos sectores podrán gozar de la exención en el impuesto de renta por un tiempo que oscila entre 10 y 30 años, y en la propuesta se plantea que sólo perdurarán por 10 años. Además, sólo podrían gozar de los beneficios quienes hagan las inversiones hasta el 31 de diciembre de este año. En lo que concierne a las exenciones que se acabarían, se pueden mencionar las siguientes: - Las deducciones que hoy tienen derecho a efectuar los contribuyentes del impuesto de renta por las donaciones que hagan a entidades sin ánimo de lucro, ya no las podrían hacer si se aprueba la propuesta del Gobierno. Quienes quieran hacer donaciones las hacen pero sin ningún beneficio tributario. - En la actualidad las operaciones que se hagan con la Bolsa Nacional Agropecuaria no están sometidas al impuesto de renta. Si se aprueba la reforma, todas las operaciones estarán gravadas. - El pago que una empresa haga por los impuestos de industria y comercio y predial, tampoco se podrán deducir. Hoy se permite que se deduzcan hasta el 80 por ciento de esos impuestos. - Las loterías y las licoreras, entre otras empresas industriales y comerciales del Estado, tendrían que pagar impuesto de renta. Hoy están exentas del gravamen si la participación del Estado es superior al 90 por ciento. - También se eliminan los sistemas de depreciación, así como la deducción del 30 por ciento por la inversión en activos fijos productivos. Sin embargo, se reemplazan por una deducción del ciento por ciento en el impuesto de renta. - Como ya es sabido se eliminan todos los beneficios que existen hoy para los asalariados. Entre ellos están: los aportes voluntarios a los fondos de pensiones, los aportes a las cuentas AFC, así como los pagos por salud y educación. ** 1,0 billón de pesos es lo que se estima que le costarían al fisco los cambios que se plantean en el impuesto de renta para el segundo año de aprobada la reforma tributaria. * TARIFAS EN RENTA La propuesta del Gobierno plantea que la tarifa del impuesto de renta baje en el primer año del 38,5 por ciento al 34 por ciento. Después, en el segundo año la tarifa pasaría al 33 por ciento y en el tercer año pasaría al 32 por ciento. Para los asalariados, cuando ganen más de siete salarios mínimos y hasta 25 salarios la tarifa sería del 15 por ciento. De los 25 salarios para arriba sería del 34, 33 y 32.

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