Con la firma del decreto del Pacto Agrario, se dio inicio a la parte final de este proceso, que consiste en la evaluación, el desembolso de los recursos y el inicio de las obras prioritarias.
Esto, tras la recepción de 4.300 propuestas de no menos de 27.000 organizaciones campesinas de 896 municipios del país.
“El decreto firmado establece los lineamientos generales para la cofinanciación de los proyectos”, dijo César Pardo Villalba, gerente del Pacto Agrario.
El ejecutivo explicó que la última fase del proceso –que arranca desde hoy– es la de calificar y evaluar la parte técnica y financiera de cada uno de los proyectos presentados; posteriormente, vendrá el desembolso de los recursos.
“Para la cofinanciación de todos, el Gobierno tiene apropiados y ‘en caja’ la suma de un billón de pesos”, recordó Pardo.
Sin embargo, no todo este presupuesto se desembolsará durante este año, pues se hará solo para los proyectos que se consideren prioritarios y deban ejecutarse de forma rápida.
Entre estos estarían los relacionados con mitigación del clima (invierno o verano) en las áreas de producción agropecuaria.
“La prioridad también será para los proyectos que se orienten al mejoramiento de los ingresos y de las condiciones de vida de los campesinos e iniciativas productivas, acceso a la tierra y formalización de la propiedad, y drenaje de pequeña y mediana escala”, dice la norma sancionada por el presidente Santos.
Los proyectos serán calificados por el Ministerio de Agricultura, el Incoder y el Banco Agrario,de acuerdo con varios criterios en los que sobresale el impacto social de cada uno de ellos.
A los que obtengan los mayores puntajes se les asignarán y desembolsarán los recursos.
El gerente del Pacto destacó que es obligatorio que las entidades que ejecuten los proyectos reporten trimestralmente al Gobierno el avance de sus obras y el impacto social que estén teniendo.
En general, los proyectos recibirán cofinanciación del 80 por ciento (es decir, el Estado no aportará la totalidad de los recursos), mientras que el restante 20 por ciento será colocado por los proponentes de los proyectos (entes territoriales).
En la evaluación inicial de los proyectos recibidos, se destacó que el 80 por ciento de las propuestas están relacionadas con proyectos productivos.
El restante 20 por ciento son iniciativas dirigidas a necesidades como vivienda de interés social rural, acceso a tierras y generación de empleo rural temporal.
Varios ejemplos de lo propuesto están en un banco de maquinaria para fomentar el desarrollo productivo de víctimas del conflicto en pobreza extrema, en San Jacinto, Bolívar. Tierra y cultivos a desplazados de María La Baja, en Bolívar; la recuperación del distrito de riego afectado por la ola invernal para Gramalote; 330 hectáreas para cultivo de caucho y otras 110 hectáreas en cultivos asociados.
Además, se propuso un estudio de suelos en las principales zonas agroecológicas en Norte de Santander, zona fronteriza afectada por la crisis en Venezuela.
Así mismo, otros activos fijos como cuartos fríos y despulpadoras de fruta para municipios casi desconocidos de Boyacá, como Tununguá, departamento que también aspira a la recuperación de sus distritos de riego y viviendas para los indígenas U'wa en Saravena (Arauca).
CORPOICA TENDRÁ 40 PHD MÁS
Durante la firma del decreto, en la sede Tibaitatá de Corpoica, el presidente Santos destacó que se hará lo posible por hacer regresar al país a más de 100 profesionales, con grado de doctorado, quienes han manifestado su intención de hacerlo.
“Del total, 40 de estos profesionales del más alto grado de capacitación ingresarán a la nómina de Corpoica.
“Estos PhD se encargarán de reforzar la capacidad de investigación de la corporación”, destacó el presidente.
Para el caso de Corpoica, el presidente Santos dijo que la Ley le dará recursos y la capacidad financiera para hacer su trabajo.
Los dineros serán transferidos cada año directamente del Presupuesto General de la Nación; las metas y resultados serán concertadas con el Ministerio de Agricultura.
Además del decreto anotado, el presidente se refirió a la Ley de reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial y fortalece la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica).
Con esta se da solución a varios de los compromisos adquiridos en los paros del 2013.
La Ley otorga facultades al Banco Agrario y al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) para adelantar programas de recuperación y pago de cartera castigada o siniestrada al 30 de junio del 2013.
De igual forma, aliviará a los deudores beneficiarios del Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional (Pran) y del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa).
Además, se creará un fondo de microfinanzas, administrado por Finagro, se eliminará el trámite de calificación previa de créditos agrarios, se facilitará la toma de seguros agropecuarios y se favorecerán los productores cuyas deudas están en cobro jurídico.
También, busca fortalecer el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y, en general, facilitar que los productores del agro accedan de forma masiva a créditos.