Pugnas por reforma a la Supersociedades

Hace rato no se presentaba una discrepancia conceptual tan fuerte entre dos funcionarios del alto gobierno como la que se está dando ahora entre el ministro de Comercio e Industria, Jorge Humberto Botero y el superintendente de Sociedades, Rodolfo Daníes Lacouture.(VER GRAFICO)

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agosto 31 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-31

El motivo: la reforma que Botero le quiere hacer a la entidad y que según el mismo Súper y otros expertos reduciría al organismo a su mínima expresión, pues perdería las funciones centrales que hoy ejerce y que tienen que ver con la vigilancia y control de las empresas privadas. El ‘rifirrafe’ es de tal magnitud que este viernes primero de septiembre, se realizará una audiencia pública para analizar el tema, convocada por el ministro Botero y Danies no estará presente pues coincidencialmente se fue de vacaciones. Las discrepencias entre los dos funcionarios se agudizó hace unos meses, luego que el Súperintendente expidió una resolución obligando a las empresas a reportar información trimestral de sus finanzas, lo cual generó una protesta de gremios como la Andi por considerar que el asunto encarece la operación empresarial. El ministro Botero, quien aparentemente no fue consultado sobre el asunto comparte la idea del gremio industrial. Para algunos abogados especializados en el tema de sociedades y derecho económico, la disputa entre los dos funcionarios se ha vuelto personal y ha alcanzado un nivel inadecuado que puede afectar el manejo de un asunto tan delicado que vincula al Estado con el sector empresarial en aspectos como los grados de vigilancia y control que debe ejercer el Estado sobre las empresas. Incluso, ex Superintendentes de Sociedades y personas que tienen que ver con procesos ante la entidad, se han mostrados preocupados y tienen una atención especial en el asunto. Entre ellos están personalidades como Luis Fernando Alvarado, Darío Laguado y el ex ministro Néstor Humberto Martínez. Ellos han pensado en presentar un documento o una carta al Gobierno exteriorizando sus inquietudes y seguramente este viernes harán un pronunciamiento. De todas formas, si hay una discrepancia de fondo entre las concepciones del Ministro y del Súper en lo que debe ser la Superintendencia y en particular en un asunto central y vital: mientras Botero considera que hoy no tiene sentido la vigilancia y control de la mayor parte de las empresas del sector real, pues esto es un asunto de mercado y de responsabilidad de los dueños, Danies cree que esas inspección, vigilancia y control es un tema constitucional, el cual el Gobierno no puede eludir. Para el Ministerio “teniendo en cuenta que la libertad económica es un derecho y que el Estado solo debe intervenir en la economía cuando exista un interés público válido que lo justifique, la intervención estatal es la excepción y no la regla”. La Superintendencia no comparte esa filosofía. “Todos quisiéramos que el Gobierno estuviera estudiando el asunto en una forma seria y solo con el interés de buscar la modernización de la Superintendencia que a todas luces se necesita”, sostiene el ex Súper, Darío Laguado, quién inició hace unos años un proceso de modernización tecnológica de la entidad, asimilándola a lo que pasa con la Superfinanciera. Pero la discusión va más allá. Dentro de la idea del ministro Botero, la intervención del Estado en las sociedades mercantiles o cooperativas solo debe hacerse por la vía de excepción, “bajo el criterio de riesgo social, es decir, cuando exista un interés público que lo justifique”. La Súper dice que esa idea es inconstitucional. De otro lado, el Ministerio considera que el control y vigilancia debe darse cuando se desarrollen actividades en sectores ‘sensibles’ y que la información financiera debe ser requerida en función de la calidad de la información y no para fines de inspección de las empresas. La Súper pregunta con vehemencia: “Y las empresas del sector real, qué? ¿Será una decisión racional y responsable no vigilar 151.425 empresas, con activos por valor de 374.530.280 millones de pesos, de los cuales el 1,73 por ciento poseen el 83,56 por ciento de los activos antedichos?”. Y para completar el cuadro, el ministro Botero propone que la información financiera de las empresas repose en las cámaras de comercio y que la Superintendencia solo pueda solicitar la que no genere duplicidad. En otras palabras, las empresas no tendrían la obligación de entregar balances y resultados financieros a la Súper, como hasta ahora. La reforma propuesta ha generado un gran debate entre quienes saben del tema. Por ejemplo, en el proyecto decreto que se debatirá mañana hay un punto que sugiere encomendar a la Supersociedades los procesos de liquidación decretados por las superintendencias de Salud, de Servicios Públicos Domiciliarios, de Economía Solidaria y la Financiera. Según Luis Fernando Alvarado, esto implicaría que la liquidación del Seguro Social, anunciada recientemente, estaría en cabeza de la Supersociedades, en tanto que otros aspectos vigilancia y control, así como las conciliaciones para salvar muchas empresas familiares quedarían en el aire “porque el proyecto decreto no dice nada al respecto”. La Junta Central de Contadores, un organismo que hoy depende del Ministerio de Educación, y que en no pocas oportunidades se ha propuesto su eliminación, sería pasado ahora a la Supersociedades, incluyendo también la renovación de la tarjeta profesional de los contadores públicos y hacer que se cumplan las normas sobre la ética de los profesionales en mención. Otros opinan que estos trámites deberían ejercerlos organizaciones privadas de profesionales. Expertos en el tema consideran que si bien la Supersociedades se fortalecería con tareas que antes no tenía, quedará limitada en algunas funciones fundamentales porque se concentraría sólo en vigilar la calidad de la información contable pero perdería fuerza en otras funciones. Al ministro Botero se la ha vuelto un reto personal la reforma a la Supersociedades y lo quiere hacer por decreto. Sin embargo, el tema no está claro si para el efecto se requiere una ley de la República. HORA DEL AJUSTE Para el ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, “la Supersociedades requiere un ajuste estructural, como quiero hacerlo en el corto plazo tendré que ceder en alguna medida toda vez que para hacer los cambios que considero necesarios se requieren reformas legales”. El ministro Botero plasmó en un proyecto de decreto los cambios que considera urgente hacer. “Si bien el Ministro es el rector de la política en esta área, le he solicitado por escrito sus observaciones al Superintendente de Sociedades, quien está obligado a entregarlas”, sostuvo hace unas semanas Botero, quien señaló que estaba dispuesto a analizar las ‘glosas’ que tenía al respecto el titular de la entidad, Rodolfo Daníes Lacouture. Las observaciones del funcionario fueron al Ministro, situación que dio paso a la publicación de las propuestas tanto de Botero como de Daníes, en la página web de la Supersociedades. Según el ministro Botero, “los lineamientos de la reforma -a la Supersociedades- han sido sometidos a consideración del Presidente y hacen parte de la agenda del ministro". Las principales discrepancias de los proyectos Supervisión a contadores. Mientras para el Ministro la entidad debe ejercer una supervisión sobre los contadores, auditores y revisores fiscales, que asegure que los estándares internacionales y aplique sanciones y funciones disciplinarias que venía ejerciendo la Junta Central de Contadores, para el Supersociedades esta vigilancia “debe ser ejercida por el mercado”. Sobre la facultad de sancionar, cree que debe ser el Estado el que ejerza esta función dentro del marco regulatorio y deje lo pertinente a la Junta. Información. El proyecto del Ministro señala que la entidad “sólo mantendría la información de la base de datos del sector real que no genere duplicidades con la que repose en las Cámaras de Comercio”, en tanto que la Supersociedades dice que la información que reposa en las cámaras “no es sometida a revisión de ningún tipo, es incompleta y no está unificada en un registro único nacional”. El comentario del titular de la entidad añade que “la propuesta es incoherente con el propósito de velar por la fidedignidad de la información suministrada por las empresas”. Control sectorial . El Ministro plantea que las sociedades y cooperativas que desarrollen sus actividades en sectores sensibles de la economía estarán sujetas a control por parte de las autoridades especializadas, mientras que las asociaciones estarán vigiladas, independientemente de su forma de asociación. La Supersociedad es, por su parte señala que “la Constitución Nacional no limita la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles a sectores sensibles, los cuales, además ya tienen la supervisión de la respectiva Superintendencia”. Vigilancia. La filosofía en materia de vigilancia es totalmente opuesta en los dos proyectos. El ministro plantea una vigilancia subjetiva de las empresas y no en razón a su tamaño o por haberse constituido en alguna forma societaria particular. Para el Supersociedades el control subjetivo “no está relacionado con el tamaño o forma societaria, los cuales son parámetros de sometimiento a vigilancia”, este, según dice, “se predica de la sociedad como tal, su constitución, naturaleza y características, capacidad económica y financiera y por ende, su información contable”. Mediación. Una de las principales funciones de la entidad tiene que ver con la mediación entre socios y administradores. Para el Ministro, esta función podría delegarse al ámbito del arbitraje voluntario (cámaras de comercio) o la justicia ordinaria. Al respecto, el Supersociedades consideran que en este tema la entidad tiene una amplia experiencia que le ha permitido actuar “de manera más efectiva que la justicia ordinaria”. El nombre. Mientras el ministro propone cambiar la denominación de la entidad a Superintendencia de Sociedades, Liquidaciones y Procesos Concursales, el titular de esta entidad asegura que “no resulta trascendental el cambio de nombre, la Superintendencia tiene el reconocimiento general de ser la entidad que adelanta los procesos de liquidación”. Liquidaciones . El Ministerio propone que esta entidad maneje todas las liquidaciones, incluso las decretadas por otras superintendencias. La Superintendencia no comparte esta propuesta al señalar que estas otras liquidaciones tienen un carácter distinto al que maneja la Supersociedades. "La Constitución del 91 prohíbe que el Ejecutivo utilice facultades extraordinarias para expedir o reformar códigos”.

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