Pulso entre U. públicas y consultoras, por contratos

El punto de discordia es un artículo del estatuto anticorrupción que cursa en el Congreso.

Archivo Portafolio.co

Gustavo Morales, Vicepresidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

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mayo 29 de 2011 - 10:11 p.m.
2011-05-29

 

Los jugosos contratos de consultoría tienen enfrentadas a las firmas tradicionales de este sector con las universidades públicas que en los últimos años han incrementado sustancialmente su participación en este negocio en el país.

Mientras la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanza una voz de alerta en el sentido de que el Estatuto Anticorrupción (que se tramita en el Congreso de la República) les abre una puerta a estas entidades para obtener contratos a dedo, al otro lado están los centros de enseñanza superior cuya tercera parte de sus ingresos dependen de este tipo de contratos.

“No nos oponemos a que las universidades públicas contraten las consultorías, pero que lo hagan en igualdad de condiciones, es decir ajustados a la ley de contratación pública (1150 del 2007) y pagando impuestos como lo hacen las firmas especializadas”, dice el vicepresidente jurídico de la CCI, Gustavo Morales.

Para defender su tesis, Morales enumeró varios de los contratos en los que algunas universidades públicas le quedaron mal al país.

“Se puede citar el contrato que suscribió Cormagdalena con la Universidad Nacional para definir la propuesta de alternativa para los diseños de las obras de construcción y navegación del canal del dique. La propuesta de la Nacional no fue la más adecuada a la problemática que se presentaba, y por esta sus obras suscitado problemas de viabilidad”, dijo Morales.

Esta guerra por los contratos de consultoría fue dimensionada en un informe de la Contraloría de Bogotá de la siguiente manera: para el periodo 2004 -2009 se ejecutaron 252 contratos con universidades públicas por un valor de 221 mil millones de pesos, la mayoría de ellos bajo la modalidad de contratación pública (convenios).

Otro de los argumentos esgrimidos por el gremio de los constructores es que buena parte de esos contratos “son ejecutados con estudiantes que están realizando los últimos semestres de pregrado.

“Mientras las firmas consultoras pagan a ingenieros calificados, las universidades públicas, en muchos casos, les validan a sus estudiantes este tipo de trabajos como tesis de grado”, dijo Morales, quien además afirmó que “por el camino de las consultorías a dedo, las universidades públicas están subsidiando su propia ineficiencia”.

UNIVERSIDADES RESPONDEN

En la otra cara de la moneda están las universidades que financian buena parte de su presupuesto con los denominados ‘programas de extensión’ y que pueden incluir contratos de consultoría.

“Más del 50 por ciento de los recursos de la U. Nacional provienen de actividades propias y el 60 por ciento de consultorías. Si se les quita esa posibilidad a los centros de educación superior el déficit se incrementaría de forma dramática”, dijo el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman.

Otra activa defensora del papel de las universidades en los contratos de consultoría es la representante del Partido Verde, Ángela María Robledo, quien afirma que dichos convenios están dentro de la ley y que los centros de enseñanza se ajustan a las interventorías y cortes de cuentas de los contratantes.

“Afirmar que las universidades no hacen bien los contratos de consultoría es generalizar. Está claro que muchos contratos de este tipo han conducido a políticas públicas como en el caso de las áreas de salud y cultura. Las universidades aumentan su cobertura, en buena medida, con este tipo de recursos. No hay que perder de vista que el déficit estatal a estos centros asciende a los 700 mil millones de pesos, un revés en la legislación agravaría la situación financiera”, dijo Robledo.

Preocupación  por contratos de  la reconstrucción del país

Esta pelea se puede intensificar con la ola de contratos que vienen en camino por cuenta de la reconstrucción del país luego de la ola invernal.

  ¿Cuántas consultorías se necesitan para estructurar proyectos de infraestructura por 93,3 billones de pesos previstos para los próximos 10 años?, ahí está el botín en disputa. Precisamente, la preocupación del Gobierno por ese tema radica en que buena parte de los escándalos de corrupción involucran a las interventorías y los planes de diseño.

Por su parte, la viceministra de Transporte, María Constanza Mejía, ha dicho que las universidades trabajan generalmente con contratos pequeños, razón por la cual no tiene observaciones sobre lo señalado por el proyecto.

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