Un punto alto

Sin duda el desafío que tiene el nuevo Contralor General de la República de tratar de superar o al menos mantener el altísimo punto de referencia que le deja el actual Contralor en el desempeño del cargo de máximo vigilante de la cuestión fiscal, es crucial y bien difícil. Porque no por nada, como se dice en términos coloquiales, Antonio Hernández y Luis B. Flórez, junto con los demás integrantes del equipo, desarrollaron una labor digna de reconocimiento y aplauso al frente de los destinos de la Institución.

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agosto 09 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-09

Sin estridencias y dentro de un riguroso marco de seriedad y de elevada calificación técnica, pusieron a la Contraloría de nuevo en el sitio destacado del que nunca debió descender en el concierto institucional de la Nación. Atrás quedaron las épocas nefastas, cuando los contralores pasaban de sus despachos a las dependencias de los sitios de reclusión, todo por la tremenda equivocación que tuvieron al confundir poder político y el ejercicio de la función de supervisión, contemplada en la Constitución Política. Gracias a Carlos Ossa que inició la nueva era y a los mencionados, la imagen de la entidad es otra muy distinta. Fijando la atención en la importancia que tiene para las finanzas públicas y la política macroeconómica el control fiscal, es bueno recordar que el cumplimiento de los objetivos de política económica a través del proceso ingreso-gasto requiere que lo que se presupueste se ejecute y esto involucra un sinnúmero de acciones y alto grado de detalle. Para mejorar las posibilidades de una correspondencia entre programación y acción es necesario que existan mecanismos que velen por esa correspondencia. El control público descansa en tres pilares. Por un lado, en la necesidad de diseñar mecanismos que aseguren el menor desvío posible entre las preferencias de los individuos respecto de la acción del Estado, o sea una extensión de la teoría del presupuesto; segundo, en la concepción democrática que le asignan al legislativo un papel de control sobre el ejecutivo; y tercero, en las ciencias de la organización y del comportamiento que indican, por una parte, la necesidad que tienen los responsables de una sociedad de contar con un sistema de información para verificar que los objetivos fijados para cada uno de los componentes se cumplan y, por la otra, la naturaleza del individuo que requiere de un encuadramiento para inducirlo a trabajar en función de un grupo u organización frente a sus propios intereses. La clarificación y el decantamiento de estos principios han ido conformando los sistemas de control más desarrollados que han llevado a mecanismos específicos en cada fase del proceso presupuestal. La teoría de la democracia reconoce una piedra angular en la división de los poderes y asigna al poder legislativo un papel central en lo referente al control del poder ejecutivo. Este control no debe ejercerse sólo en una relación cerrada entre los dos poderes, sino de una manera amplia y abierta para que sea conocida y apreciada por todos los actores del ingreso-gastos del Estado. Esto implica total independencia, idoneidad y transparencia. Pues bien; la gestión de la Contraloría durante los últimos cuatro años, guiada por Hernández Gamarra y Flórez Enciso, se cumplió a cabalidad dentro de las pautas teóricas enunciadas. No sólo evitó al máximo el desvío de los dineros públicos -el episodio de Telecom es un buen ejemplo-, indujo a los individuos a trabajar en función colectiva, sino que se convirtió en un inmejorable instrumento de control del legislativo sobre el ejecutivo en materia de finanzas públicas. Para el efecto, basta leer los enjundiosos informes que periódicamente le entregó al Congreso y sobre los cuales se habrían podido construir importantes debates, pero lamentablemente no hubo la disciplina y la disposición para adelantarlos. Ex ministro de Agricultura "La gestión de la Contraloría durante los últimos cuatro años, se cumplió a cabalidad”.

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