El punto de no retorno

No cesan los debates sobre el proceso de reinserción de los paramilitares. Están quienes afirman que este proceso es la puerta de entrada para conseguir la paz definitiva en el país. Y están quienes, desde el otro extremo, sostienen que el proceso es una farsa, que el Gobierno está dando todo a cambio de nada.

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agosto 28 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-08-28

Ninguno de los dos extremos se acerca a la realidad de lo que está sucediendo hoy en día con el proceso. El responsable hasta hoy de la reinserción ha sido el Programa de Reincorporación a la Vida Civil -Prvc- del Ministerio del Interior. De los 41.977 excombatientes que se han desmovilizado, 10.317 -de todos los grupos, la mayoría de las Farc- lo han hecho en forma individual, entregándose voluntariamente a las autoridades; los restantes 31.660 lo han hecho en forma colectiva como resultado de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las AUC. Para el caso de los primeros, el proceso tiene una duración de 24 meses; para los segundos, de 18. Para todos, el proceso consta en teoría de los siguientes beneficios: gastos mensuales de manutención, (537.000 para los individuales y 358.000 para los colectivos); afiliación al régimen subsidiado de salud; educación básica y media y capacitación para el trabajo; atención psicosocial mediante talleres colectivos o, en casos de drogadicción o de problemas psiquiátricos, mediante intervenciones individuales; y apoyo para la generación de ingresos. ¿Qué tan efectivo ha sido el proceso? Si bien tiene debilidades, hay menos dudas sobre la efectividad del proceso para los individuales. El Prvc tuvo avances importantes en la reinserción individual. Además, no pocos parten de la idea de que quien se desmoviliza por voluntad propia no tiene razones para retornar a la guerra y, por lo tanto, cualquiera que sea el paquete que se ofrezca tendrá el mismo efecto. No pasa lo mismo con los colectivos. De estos no hay certeza sobre su voluntad de desmovilizarse. Ahí está el primer problema: el proceso tiene que convencer a los excombatientes de que tienen verdaderas opciones en la legalidad. Semejante reto debe tener como contrapeso un programa sólido que logre dos cosas. Primero, que todos pasen por él y segundo, que con eso se garantice que lleguen al punto de no retorno: que los costos de regresar a la guerra superen los beneficios de reintegrarse a la vida civil. Hoy por hoy, eso no se está logrando. ¿Qué está pasando? Curiosamente, los desmovilizados colectivos tienen derecho a recibir un auxilio mensual, más no obligaciones que deban cumplir para recibirlo. Es curioso porque para los individuales el proceso sí tiene una serie de condiciones para cada una de las partes: por ejemplo, que la recepción de los dineros mensuales por parte del excombatiente está supeditada a la asistencia a los talleres psicosociales y a su proceso educativo. Ahí hay deberes y derechos que no hay en el proceso de los colectivos. Y ahí radica el problema básico del proceso de las AUC: que no están obligados a participar en un proceso y que, de hecho, la mayoría no lo están haciendo. Aparte de recibir el cheque mensual, el desmovilizado colectivo no tiene ninguna responsabilidad. Sólo para poner un ejemplo: de todos los 31.660 desmovilizados colectivos, tan sólo el 12 por ciento (3.900) han asistido a algún taller psicosocial. Es cierto que el Prvc ha hecho esfuerzos grandes para incentivar a los desmovilizados colectivos a asistir a los talleres. Pero también los es que, a la fecha, está muy lejos de lograrlo. Las cifras hablan por sí solas. La primera condición entonces -que todos pasen por el programa- no se cumple. Pero ese no es el único problema. El programa, tal como está planteado hoy, no está en capacidad de lograr que los desmovilizados que sí decidan hacer su proceso lleguen al punto de no retorno. Y no lo logra entre otras cosas porque ofrece a todos el mismo paquete, sin diferenciar entre hombres y mujeres, entre soldados rasos y mandos, y entre analfabetas y bachilleres; porque considera más importante conseguirle empleo al desmovilizado que hacerlo empleable; y porque aunque hay un buen sistema de seguimiento operado por la OIM, aún no hay un seguimiento del proceso que ha seguido cada uno de los beneficiarios. De ahí que no existan suficientes garantías frente a la capacidad del programa para reintegrar a los excombatientes y de ahí también la falta de apoyo de muchos sectores y las múltiples críticas al proceso. La segunda condición, entonces, tampoco se cumple. ¿Cómo hacer que se cumplan? Pues cambiando el modelo de operación. Ya se ha demostrado que modificar los elementos del proceso para mejorarlo no es suficiente. El Prvc ha sido muy juicioso en esto y no se ha quedado quieto. Más aún, es cierto que con el tiempo se han ido fortaleciendo los programas y se han articulado mejor con las demás entidades que hacen parte del proceso e incluso con las autoridades locales. Pero ni así se ha logrado que el proceso sea efectivo. Por eso hay que cambiar el modelo. La construcción de ese modelo es el mayor desafío al que se enfrenta el proceso en el corto plazo. Ese nuevo modelo deberá tener como su principio fundamental la descentralización del manejo del proceso, como herramienta principal la evaluación y el seguimiento permanentes, y como fin último garantizar la efectiva reintegración de los desmovilizados. Hacer bien la reinserción en el país implica una transformación de la filosofía que ha sustentado el proceso. Hoy es centralizado y se maneja totalmente desde Bogotá. Hay algunas oficinas en las regiones en donde hay más desmovilizados. Pero el equipo técnico, con todas sus fortalezas, está en Bogotá, no en las regiones. Y pretender esto no es un reto; es una locura. Este proceso debe encontrar una fórmula mediante la cual se cuente en Bogotá con una estructura muy liviana y unos equipos fuertes en las regiones. Habría que definir si éstos equipos los conforman gobiernos locales, el mismo Gobierno Nacional o entidades privadas con experiencia, como sucedió con el Forec. O si la conformación variaría de acuerdo con la capacidad de las regiones. En cualquier caso, esa descentralización tendría que contar con una herramienta básica de operación: la evaluación constante de los programas que se ofrecen y el seguimiento minucioso de cada uno de los beneficiarios del proceso. Eso es posible si se hace desde lo local, como se ha demostrado en Medellín. De esta manera, si se hace bien la reinserción, si se ofrecen los paquetes adecuados y se tiene seguimiento de lo que cada desmovilizado hace como parte de su proceso, se llegarán a cumplir las dos condiciones necesarias para que este proceso funcione: que todos pasen por ahí y que todos lleguen al punto de no retorno. Directora de Post-conflicto, Fundación Ideas para la Paz "Los desmovilizados colectivos tienen derecho a recibir un auxilio mensual, más no obligaciones que deban cumplir para recibirlo. Es curioso porque para los individuales el proceso sí tiene una serie de condiciones para cada una de las partes”."Hacer bien la reinserción en el país implica una transformación de la filosofía que ha sustentado el proceso. Hoy es centralizado y se maneja totalmente desde Bogotá”.

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