Quedó 'congelada' iniciativa que permite conservar número celular, y otras 12 leyes que estaban para sancionar

Por razones de inconstitucionalidad, el Gobierno, se abstuvo de aprobar esta iniciativa, que ha creado gran expectativa en el último mes.

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julio 17 de 2008 - 05:00 a.m.
2008-07-17

Unos 33,5 millones de usuarios de celular podrían mantener el númeri sin quedar 'amarrados' a una sola compañía de telefonía móvil.

El reparo se basa en que el Ministerio de Comunicaciones, según el texto del proyecto, debe rendirle informes trimestrales de seguimiento de la ley a las Superintendencias de Servicios Públicos y de Industria y Comercio.

A juicio del Ministerio, esa disposición va en contra de la Constitución, en el sentido de que "no es procedente someter a los ministerios a evaluaciones de una de las entidades adscritas o vinculadas por cuanto contradice la estructura vertical" de la Carta Magna.

En la objeción se argumenta que "los ministerios son organismos principales de la administración (...) las superintendencias se someten a los ministerios".

Ahora, la norma regresará al Congreso para que se subsane este error. Después, el Presidente podrá sancionar la ley para esta se pueda aplicar y, de esta forma, beneficiar a todos los usuarios de telefonía.

Las otras normas pendientes

En la 'nevera' también quedó la ley mediante la cual se crean contribuciones para la seguridad social de las cooperativas de trabajo asociado que no hacen aportes parafiscales. Aunque no fue objetada, se devolvió porque tenía errores mecanográficos.

Por una formalidad también fue devuelta la ley que busca aumentar el límite de velocidad en carretera a 120 kilómetros por hora y a 80 kilómetros por hora en las ciudades, porque al expediente de la ley le faltan algunos documentos.

La ley propone desarrollar la modalidad de Telesalud en Colombia, para diagnosticar y ordenar tratamientos a distancia a través de tecnologías, se le encontraron disposiciones contrarias a la Constitución.

La norma, que pretendía que el impuesto por el consumo de cigarrillos no se transfiriera a Coldeportes sino a las entidades territoriales, también fue objetada.

Los diputados se quedaron sin prima de servicios

Pese a que esta ley, que reconoce prestaciones sociales para los diputados en el país, es de autoría del ex ministro del Interior, Carlos Holguín, el Gobierno decidió objetarla por razones constitucionales.

La norma establece que además de pagarles a estos políticos cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de navidad, se les debe dar beneficios como un auxilio de vida y una prima de servicios.

Según explicó el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, la norma incurre en dos faltas, porque delega a las propias asambleas la potestad para que ellas mismas definan el tope máximo de estos reconocimientos.

"Las funciones relacionadas con las prestaciones sociales son indelegables", señaló Zuluaga en el documento de objeción.
El Gobierno también argumentó que la "prima de servicio" hace parte del salario y no es una prestación social. Además, señaló que no hay recursos para financiar la nueva norma: "La totalidad de las prestaciones (...) genera insostenibilidad en las finanzas territoriales (y) desconocimiento de las normas orgánicas de disciplina fiscal".

El Gobierno recordó que, actualmente, los diputados sí reciben cesantías, intereses de cesantías y prima de navidad.

No pasa ley de atención integral

La ministra de Educación, Cecilia María Vélez, fue la encargada de objetar el proyecto que reglamenta la atención integral para los niños más vulnerables, de 0 a 5 años, en los estratos 1, 2 y 3 por inconstitucionalidad e inconveniencia.

La ley responsabiliza al Ministerio de Educación y al Bienestar Familiar a que brinden atención integral en materia de educación, salud, alimentación y seguridad, incluso desde el mismo momento del embarazo.

Para el Gobierno, se violan los artículos 151 y 365 de la Constitución, relacionados con los recursos que se deben destinar para sostener la Ley, que pide que sean superiores al 4 por ciento del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). "(Esto) resulta complejo para el Gobierno (...) si la economía registra un crecimiento inferior, no existirían recursos para la atención integral de la primera infancia", dijo Vélez.

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