El 'ranking' de las costosas demandas contra el Estado

Sobre los hombros del Estado colombiano pesan 228.707 demandas. El valor de las pretensiones asciende a 879,5 billones de pesos, contando el viejo proceso de tierras del oriente antioqueño, instaurado contra el Ministerio de Agricultura, por 594,2 billones.

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septiembre 26 de 2011 - 05:00 a.m.
2011-09-26

La cifra equivale a 10 veces lo que el país recaudará este año en impuestos, que son 85 billones. La situación es preocupante, en especial por el incremento que han tenido las pretensiones judiciales en el 2010. Así lo establece un informe de la Contraloría General para la Defensa y la justicia. "Del total de las pretensiones sólo se han pagado 3,1 billones de pesos en 7 años. En el 2003 el desembolso fue de 231.000 millones, cifra que casi se triplicó en el 2010: 624.788 millones", señala Javier Lastra, delegado en el tema. El Ministerio de Defensa, que es el que más recursos ha pagado, tiene 13.554 demandas por un valor de 8,1 billones de pesos, la mayoría de las cuales (2.089) son reclamaciones por muerte de civiles. Se destaca también la presencia de 469 procesos, por 600.955 millones de pesos, ligados al tema de los llamados falsos positivos. Hasta el momento, esta entidad ha pagado ya 862.530 millones. Junto con justicia y seguridad suman 2,2 billones de pesos, es decir, el 70 por ciento de todo lo gastado por el Estado, por cuenta de las demandas. PRIMEROS LUGARES Por el lado de lo que aún no se ha pagado, porque apenas está en trámite en tribunales y otras instancias, la Fiscalía lleva la delantera, con pretensiones por 41,5 billones. La siguen la Superitendencia Financiera, con 41,5 billones, Ecopetrol, con 33,2 billones y el Ministerio de Hacienda con 22,6 billones. La Contraloría, que se encarga de velar por que los recursos públicos no se desperdicien, tiene en la mira la situación para indagar por qué, por lo general, el Estado pierde los procesos. "La defensa judicial de estas entidades públicas la podemos calificar como buena. Se aportan pruebas, los argumentos de por qué el Estado no es el responsable son válidos, pero las instancias judiciales determinan lo contrario y condenan al Estado", señala Lastra. Las demandas son recurrentes, el país está perdiendo recursos que podría utilizar para inversión social. Las conciliaciones se intentan, en busca de llegar a acuerdos con el demantande y pagar menos, pero no se logra mucho por ese lado. De todo el monto pagado, sólo en un 6 por ciento se ha podido conciliar. Aún así, la Contraloría dice que no se puede hablar de detrimento de los recursos públicos, porque "no hay negligencia en la defensa". helgon

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