No es novedoso afirmar que la televisión es una industria que está enfrentando hoy a nivel global unas profundas transformaciones a las que Colombia no es ajena. Innovaciones tecnológicas, tendencias demográficas y retos al modelo de negocios están generando una televisión del futuro, donde lo que hoy es aceptado, mañana puede cambiar. El agarrón de RCN y Caracol Televisión con la firma de medición de audiencias Ibope y la aprobación veloz en la Comisión Sexta del Senado del proyecto 282 son muestra de las fricciones que ya estos cambios están produciendo en el país.
Ambas discusiones cuentan con un mismo común denominador: a los canales Caracol y RCN no les interesa la entrada de nuevos competidores. Dicho esto, es oportuno comentar que Casa Editorial EL TIEMPO participa en el tema de televisión, por su relación con Citytv, y la sociedad CEET TV es uno de los varios aspirantes a participar en la próxima licitación de otro canal nacional.
Los dos canales privados nacionales ya habían hecho pública su oposición a nuevos canales abiertos, con el cuestionado argumento de que "no caben más". Aunque esta tesis no caló ni en el Gobierno, ni en la CNTV, ni en el público televidente, han logrado demorar el proceso.
En tal dirección, infortunadamente, se mueve el citado proyecto 282, que ha introducido un elemento de inestabilidad jurídica al proceso de apertura iniciado por la CNTV, el cual contiene una reforma inconveniente e inoportuna de la legislación de televisión.
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Dicho proyecto establece temas que complican la licitación y favorecen a Caracol y RCN. La subasta pública para los nuevos concesionarios, pero no para los actuales, no solo genera muchas incertidumbres en un proceso que ya está en curso, sino que no es coherente con el propósito de maximizar los recursos públicos de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Cabe recordar que la licitación de hace 9 años, en que participaron Caracol y RCN, fue sin subasta.
Fijar el valor mínimo de la concesión atendiendo "el principio de equilibrio económico con los demás concesionarios" introduce un criterio que puede complicar cualquier tarifa que fije la Comisión Nacional de Televisión, desconociendo lo que es verdaderamente relevante: que los dos canales actuales llevan una ventaja de 10 años construyendo marca y audiencias.
El proyecto, además, pretende impedir que se puedan reasignar las frecuencias de los canales de operación pública y no dispone nada sobre red única pública, temas que sin duda buscan disminuir la competitividad de canales nuevos. Y lo que es peor, pretendía eliminar las reglas de competencia y acceso democrático al espectro electromagnético, al permitir la concentración de la industria televisiva en Colombia.
La pelea con la firma Ibope también está relacionada con la competitividad en una industria cambiante. Colombia es uno de los pocos países del mundo donde está prohibido pautar publicidad en televisión por suscripción, y hay que recordar que Caracol y RCN fueron accionistas de las primeras concesiones en el país de televisión paga, cuando se acordó esta prohibición, que favorecía sus intereses en la televisión pública. Ahora no parece gustarles que la audiencia total de TV paga aumente, aunque cada canal individual tenga audiencias muy pequeñas, y que la participación del público televidente en los canales nacionales disminuya.
Sin embargo, esta es la realidad que marcan todos los estudios, en todas partes del mundo y que se confirma en los análisis de la propia CNTV. En Colombia, muchos televidentes se han trasladado a los canales pagos, precisamente por la falta de opciones de la televisión abierta.
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Es válido preguntar, sin embargo, cuántos son en realidad los suscriptores de la televisión paga, pues las cifras de penetración de los estudios y el número de hogares clientes que reporta la CNTV son bien diferentes, lo que parecería insinuar que aún hay mucha informalidad o piratería en la televisión por suscripción.
Entre Caracol y RCN se concentra un 52 por ciento de la pauta publicitaria neta total del país (todos los medios) y el 92 por ciento de la de televisión, y ellos no quieren perder esta participación, cuota de mercado que han logrado por tener Colombia solo dos canales privados nacionales, algo no visto en otros países de la región.
El problema de las mediciones en Colombia no es solo de la televisión, sino que se extiende a todos los medios. En los impresos, por ejemplo, como diarios o revistas, hoy no existen, como hace algunos años, auditorías independientes de circulación, que certifiquen de manera precisa el número de ejemplares vendidos. Las encuestas de recordación, lo que hoy funciona, son una referencia significativa, pero muy genérica, que no les garantiza a anunciantes y a la opinión pública cifras verificables, comparables y concretas sobre la penetración de cada medio. Sin estas herramientas, la mirada a la industria seguirá siendo incompleta.
En el fondo, este es un tema de competitividad y de los derechos del público televidente. ¿Tienen los colombianos derecho a más canales, a programación diferente, a más variadas opciones de entretenimiento, y los anunciantes a mayores opciones para su publicidad con cifras de audiencia puntuales y confiables? He ahí la cuestión.