Más de 125.000 trabajadores del Estado se perjudicarían, pero la otra cara es que al no aprobarse la ley miles de aspirantes que han participado en un concurso masivo pueden seguir con opción para tener alguno de esos más de 100.000 cargos. Al comenzar el proceso del concurso, hace tres años, se inscribieron más de 600.000 personas.
Lo cierto es que los cargos disponibles solo alcanzan para uno de los dos objetivos: o entregárselos a los aspirantes que llevan todo este tiempo presentando pruebas para acceder a esos puestos públicos por méritos o dárselos a los provisionales sin ningún examen ni prueba de por medio, aunque durante años han desempeñado el cargo. Ambos tienen aspiraciones legítimas.
Las centrales obreras, que representan a trabajadores de la Fiscalía, a docentes, funcionarios del Ministerio de la Defensa, del Inpec, de Medicina Legal, Asonal Judicial entre muchas otras entidades, expresaron su categórico rechazo a la objeción presidencial e invitaron al Congreso a que mantenga su independencia y autonomía y ratifique la aprobación de la norma que les daría estabilidad a los empleados provisionales.
La CUT alega en un comunicado que la aprobación fue el producto de la concertación entre el Congreso de la República y los partidos políticos, "mientras que el gobierno había solicitado mensaje de urgencia para su aprobación sin embargo el pasado 30 de abril decidió objetarlo".
