Reactivan plan de amnistía para capitales no declarados

Gobierno presentaría una reforma constitucional para añadir dos artículos transitorios, que crean un impuesto para la legalización de activos omitidos y pasivos inexistentes, con una tarifa de 10 por ciento.

La tarifa que deberán pagar quienes legalicen los capitales sería del 10 por ciento.

EFE

La tarifa que deberán pagar quienes legalicen los capitales sería del 10 por ciento.

Finanzas
POR:
julio 23 de 2014 - 03:50 a.m.
2014-07-23

Al interior del Gobierno ya está tomando forma el mecanismo con el cual se busca retomar una especie de amnistía para que se declaren en el país los capitales de colombianos en el exterior que no han sido reportados.

Como se recuerda, la reforma tributaria aprobada al finalizar el 2012 contenía un artículo sobre el tema, pero fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Ahora, ante la urgencia de aumentar los ingresos fiscales en momentos en que crecen los gastos y disminuyen las fuentes, el Gobierno retomará el tema para que se reporten los capitales omitidos en el exterior y paguen impuestos en el país.

Cálculos del Ejecutivo arrojan que esto podría aumentar el recaudo tributario entre 7 y 14 billones de pesos.

Precisamente, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo hace poco a la agencia Reuters que “hay que darles la facilidad a esas personas para que haya un sinceramiento de esos capitales en el exterior y que se puedan poner a tributar en Colombia”.

En ese sentido, la idea es tramitar en el Congreso un Acto Legislativo para modificar la Constitución. Este diario conoció que se incluirían dos artículos transitorios en la Carta con dicha propuesta.

En esencia, el planteamiento es similar al anterior, simplemente cambiaría el nombre del gravamen.

La idea es crear un impuesto especial para la legalización de activos omitidos y pasivos inexistentes, cuya tasa es también del 10 por ciento. De igual manera, habría un impuesto especial para la actualización del costo de los activos fijos, también equivalente al 10 por ciento del monto actualizado.

Según se conoció, los activos que pretendan entrar al país deberán hacerlo por una entidad financiera vigilada y no habría sanciones cambiarias.

Anteriormente, en la reforma tributaria del 2012 se aprobó que quienes declararen nuevos capitales, en el primer año debían pagar el impuesto de ganancia ocasional, el cual bajó de 33 a 10 por ciento con dicho ajuste.

Pedro Sarmiento, socio líder de Impuestos de Deloitte, señala que “podría generar un desequilibrio entre los contribuyentes cumplidos que pagan oportunamente sus impuestos sobre la renta a una tarifa del 25 por ciento mientras que aquellos que no declaran se les premie con un pago del 10 por ciento”.

Justamente, en noviembre pasado, la Corte Constitucional consideró que por esa razón la norma violaba los principios de igualdad y justicia.

No obstante, en el tiempo que duró vigente hasta que fue tumbada, se estima que alrededor de 2.100 contribuyentes se acogieron a dicha ‘amnistía’ y se repatriaron unos 40.000 millones de pesos.

Esto, a pesar de que el Gobierno ha señalado que podría haber hasta 100 billones de pesos de patrimonios colombianos que están por fuera y que no pagan impuestos.

El exsenador Juan Mario Laserna, considera que estos asuntos funcionan siempre y cuando haya intercambio de información tributaria entre los países y mayores controles frente a los paraísos fiscales.

Justamente, el año pasado se expidió el decreto con el listado de las jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, de tal manera que los recursos provenientes de esos territorios pagan retenciones más altas.

TRÁMITE LARGO

Para que esta iniciativa se convierta en realidad, el Congreso deberá aprobar el Acto Legislativo que modifica la Constitución, trámite que toma ocho debates. No está claro cuándo el Gobierno presentaría la propuesta, pero en el mejor de los casos, la norma entraría en vigencia en el año 2016.

Si bien el Congreso que empezó a sesionar esta semana no es el mismo que tramitó la reforma del 2012, conocedores del tema señalan que no habría mayores problemas para que el Acto Legislativo sea aprobado, a menos que las bancadas opositoras al Gobierno se ‘peguen’ al argumento de que no son las empresas ni los ciudadanos quienes se beneficiarían de esa amnistía, sino los grupos ilegales.