Un reanálisis necesario

Un reanálisis necesario

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octubre 25 de 2007 - 05:00 a.m.
2007-10-25

La noticia según la cual el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, más conocido como Invima, reversó hace pocos días una decisión adoptada en agosto cuando retiró un lote de 34 medicamentos del mercado, ha creado todo tipo de suspicacias. Para comenzar, porque la medida original fue el resultado de un estudio que comprendió análisis de laboratorio para 827 compuestos diferentes, con la participación de los laboratorios de las universidades Nacional, de Antioquia, del Atlántico y de Cartagena. Entre los medicamentos seleccionados estaban, entre otras categorías, antibióticos, analgésicos, antigripales, inmunomoduladores y anticonceptivos, todos productos de alto consumo y relevancia clínica. Pero la sanción apenas duró dos meses, pues en un comunicado el Invima aclaró que había hecho un reanálisis, después del cual los productos cuestionados pasaron el examen. Ante lo sucedido, solo caben dos hipótesis. Según la primera, la entidad estatal hizo un ridículo monumental al crear pánico entre los consumidores, sin tener fundamento técnico para hacerlo. De acuerdo con la segunda, el Instituto dio reversa por motivos diferentes a los hallazgos del estudio de marras, lo cual abre espacios para nuevos interrogantes. Esas inquietudes tienen nombre propio: Jairo Céspedes Camacho, cuyo nombre fue aceptado por el Gobierno como condición para que el controvertido movimiento político Convergencia Ciudadana, apoyara en mayo la reforma constitucional a las transferencias, que salió airosa en la pasada legislatura. Oriundo de Galán, Santander, y, según la Presidencia de la República, economista de la Universidad Cooperativa de Colombia y abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, este ex representante a la Cámara desempeñaba hasta su paso al sector público la presidencia de la Entidad Promotora de Salud, Solsalud, la misma cuya licencia está a punto de ser revocada por la Superintendencia Nacional de Salud. Pero aparte de esas labores, Céspedes Camacho venía de ser el secretario general de Convergencia Ciudadana, el partido liderado por Luis Alberto Gil, quien tras ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo, renunció a su investidura de senador hace pocos días. Es cierto que ninguno de esos antecedentes sirve para descalificar formalmente al actual director del Invima. Sin embargo, los impedimentos éticos saltan a la vista. Por tal motivo, la sombra de duda sobre sus actuaciones es y será inmensa, en una entidad que, aparte de tener 42.192 millones de pesos de presupuesto en el 2007, expide los registros sanitarios para todo tipo de productos de consumo, además de los medicamentos. Debido al poder de intimidación que tiene el Instituto, son muy pocos quienes se atreven a levantar su voz, a pesar de los rumores crecientes sobre la existencia de un sistema paralelo de registros o el nombramiento de varios centenares de supernumerarios. Por tal motivo, no estaría de más que el Gobierno Nacional tomara cartas en el asunto y reanalizara el caso. Es indudable, claro, que el tema le podría generar complicaciones políticas en el Congreso, en donde la coalición uribista a veces es menos sólida de lo que parece, pero el bienestar de los colombianos debería estar por encima de las componendas y el manzanillismo. Y es que no hay que olvidar que uno de los elementos más importantes de la preservación de la salud de un país es la celosa vigilancia de lo que sus habitantes consumen. El objetivo primo no es otro que respaldar, después del análisis técnico a través de un registro sanitario o de una licencia, estos elementos para garantizar su inocuidad o su beneficio y proyectar la confianza necesaria de los mismos en toda la comunidad. Tales argumentos deberían ser razón suficiente para que los procesos, la estructura, los recursos y los profesionales del Invima, tengan los más altos estándares. Pero actuaciones como las ya descritas generan mucha más inquietud que tranquilidad. A la luz de las decisiones recientes del Invima y de lo ocurrido en otros frentes, el Gobierno debería estudiar un cambio en la dirección de la entidad”.

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