El sistema de salud colombiano está frente a un grave problema. Una enfermedad silenciosa lo ha venido minando y lo tiene en un momento crucial. Si no se toman los correctivos necesarios antes de 90 días habría acta de defunción.
La realidad financiera así lo indica, pues se agotaron los recursos para atender todo lo que es no POS en el Fosyga y la plata que hay solo alcanzó hasta abril. ¿Cómo se pagarán entonces los recobros en mayo a las EPS? Para el Gobierno la situación es difícil: "Es inminente la quiebra del Fosyga en mayo si se cae la Emergencia Social", le dijo el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga a PORTAFOLIO.
La Contraloría va más allá y le dice a los jueces de la Corte Constitucional que independientemente de la decisión que tomen sobre la Emergencia Social decretada en el 2009, los magistrados deben modular la sentencia para dar un margen prudente y que se dicten normas de carácter permanente tendientes a prevenir la parálisis en el servicio de salud.
Aunque el Gobierno confía en que las medidas económicas orientadas a conseguir más recursos por vía impuestos y centralización de la administración de los recursos del régimen subsidiado además de la disponibilidad inmediata de algunos dineros se mantengan en una sentencia moderada, el plan B oficial por si esto no ocurre, ya plantea varias inquietudes.
Una de ellas es que por vía legislativa sería muy difícil conseguir los recursos suficientes, pues por bien que le vaya lograría un billón de pesos, pero los análisis indican que este año en sólo recobros se requieren 2,2 billones de pesos.
Esto, según los expertos, quiere decir que se requiere con urgencia diseñar e implementar un modelo de gestión que permita ahorros del 50 por ciento en los costos NO POS, para que ese dinero alcance.
Al respecto el presidente de Acemi el gremio de las EPS, Juan Manuel Diaz-Granados dice que con la información que se acaba de conocer, en cualquiera de los dos escenarios, es decir con o sin Emergencia, la situación financiera para el pago de los servicios NO POS es apremiante.
Si el Fosyga no puede pagar a partir de mayo, las EPS podrían responder con endeudamiento máximo por dos meses, al cabo de los cuales estas entidades iniciarían su colapso. El dirigente gremial hace un llamado de alerta para que los servicios a la población no se interrumpan, mediante la adopción de nuevas medidas de choque.
El drama del dinero
Hasta febrero pasado habían en la cuenta de Compensación del Fosyga, de donde salen los recursos para los recobros, 995.000 millones de pesos, al cierre de marzo ya solo quedaban 828.000 millones de pesos.El tema es que en esa subcuenta también están otras obligaciones del sistema de salud y esos recursos ya están comprometidos. Así las cosas, no habría espacio para los cerca de 180.000 millones de pesos mensuales que requiere el sistema para recobros por medicamentos o tratamientos NO POS al Fosyga.
El dilema es que así prospere la Emergencia, los servicios NO POS los asumiría el Fonpres a partir del 22 de julio, con lo cual las EPS solo dejarían de prestar dichos servicios a partir de tal fecha, pero como la plata solo alcanzó hasta abril habrían casi cuatro meses en los que la fuente de recursos estaría seca.
Si el valor promedio mensual de los recobros es de alrededor de 180.000 millones de pesos el hueco para las EPS por estos cuatro meses sería de 720.000 millones con lo cual quebrarían. Los expertos recomiendan al Gobierno, al margen de las medidas de Emergencia, ajustar las normas presupuestales del Fosyga para el uso de recursos hoy comprometidos para otros fines o obtener en el Congreso autorización de urgencia para el uso de excedentes de la subcuenta ECAT, donde hay 2,5 billones de pesos.
Tema caliente para el nuevo Gobierno
Independientemente de la decisión que tomen los magistrados de la Corte Constitucional sobre la Emergencia Social, el margen del actual Gobierno es limitado, dicen los expertos y el nuevo Presidente tendría que tomar cartas en el asunto, por lo cual no se descarta una nueva Emergencia Social pues el gobernante se verá enfrentado a un hecho sobreviviente que requiere una intervención inmediata.
Para los expertos es poco probable que el Congreso le saque en tres meses una reforma al sistema de salud, a un gobierno que va de salida. Y en caso de que la Emergencia supere el control constitucional, las herramientas no son las más adecuadas para sacar.
En la actualidad, según lo explica el Contralor, Julio César Turbay, en una carta a la Corte Constitucional, el régimen contributivo debería representar el 70 por ciento de la afiliación al sistema, contra un 30 por ciento del régimen subsidiado. Para que el principio de solidaridad funcionara y garantizara la sostenibilidad del mismo.
Pero, dice el fiscal de las finanzas públicas, hoy esta proporción está invertida pues al contributivo solo aportan el 49,2 por ciento de los afiliados, es decir 20, 8 puntos por debajo de lo esperado y en el subsidiado está el 47,17 de la población cubierta con una tendencia creciente, es decir, 17 puntos por encima de lo esperado. Que de continuar así no habrá reforma que pueda soportar.