Semejante decisión tiene claros visos de ilegalidad, sobre todo después de que la Comunidad Andina rechazara un procedimiento similar, aplicado a comienzos del año. Pero lo que hace compleja cualquier posibilidad de arreglo es que las relaciones diplomáticas entre ambos países están rotas desde hace más de 16 meses, como consecuencia de la operación militar que desembocó en la muerte del número dos de las Farc, Raúl Reyes. Desde entonces el clima entre el Palacio de Nariño y el de Carondelet no ha hecho más que oscurecerse. Incluso, a raíz de la orden de captura expedida hace poco por un juez ecuatoriano en contra del ex ministro Juan Manuel Santos, por los hechos mencionados, ambos presidentes volvieron a intercambiar dardos que dejan en claro que cualquier probabilidad de normalización o diálogo está muy lejana. Por cuenta de esa situación, es imposible desligar lo político de lo económico. No se necesita ser un experto en temas diplomáticos, para darse cuenta que aparte de absurda, la medida en contra de Colombia busca disminuir el intercambio que había sufrido relativamente poco hasta hace unos meses. Por lo tanto, la disyuntiva que enfrenta el Gobierno de Álvaro Uribe es la de tomar represalias de diversa índole o respirar profundo e impugnar el aumento de aranceles ante instancias como la Comunidad Andina o la Organización Mundial de Comercio, a sabiendas de que un proceso de este tipo toma meses en resolverse. La decisión no es fácil. Demostrando que las heridas de la operación del primero de marzo del 2008 no se han cerrado, el presidente Rafael Correa mantiene una actitud hostil hacia su vecino del norte. Medidas más extremas como el requisito del certificado judicial, debidamente apostillado, a los colombianos que deseen viajar a territorio ecuatoriano han incidido en una disminución del flujo de viajeros. A lo anterior se le agregan escaramuzas en otros terrenos como la demanda ante la Corte Internacional de la Haya por la fumigación de cultivos de coca en la zona limítrofe o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Frank Aisalla, descrito como un contacto de las Farc al otro lado de la frontera, en el ataque al campamento de Reyes. Si bien Colombia ha tratado de evitar entrar en una guerra de declaraciones, mantener la cabeza fría no es fácil. Hasta la fecha una de las razones para hacerlo era la de intentar no afectar los flujos comerciales con el que sigue siendo el tercer destino de las exportaciones nacionales. Sin embargo, ahora que las ventas van a sufrir por cuenta de los mayores aranceles, ha ganado impulso la tesis de que no estaría mal que los ecuatorianos recibieran algo de su propia medicina. El problema de dichas actitudes es que se sabe cuándo comienzan, pero no cuándo terminan. Aunque según el Dane las ventas de Colombia a Ecuador disminuyeron 13 por ciento entre enero y mayo pasados, lo despachado ascendió a 498 millones de dólares, una suma nada despreciable. Al mismo tiempo el saldo favorable de la balanza comercial llegó a 238 millones de dólares en el periodo anotado, lo cual demuestra que el país tendría más que perder que su vecino. En respuesta no faltará quien diga que la dignidad nacional no tiene precio. Y aunque ese principio es válido, lo cierto es que sería torpe recoger el guante que lanza Rafael Correa, cuyo Gobierno se puede ver afectado por el coletazo de la crisis económica mundial y que busca en la confrontación una manera de desviar los problemas que tiene en casa. ''Sería torpe recoger el guante que lanza Rafael Correa, cuyo Gobierno se puede ver afectado por el coletazo de la crisis económica mundial y que busca en la confrontación una manera de desviar los problemas que tiene en casa.WILABR
Finanzas
14 jul 2009 - 5:00 a. m.
¿Recoger el guante?
No es fácil el dilema que tiene ante sí el Gobierno colombiano, por cuenta de la decisión de su homólogo del Ecuador de aplicarle un impuesto a 1.346 subpartidas de importación provenientes de Colombia. Según la medida que entró en vigencia ayer, diferentes productos, entre ellos automóviles, ropa, artículos de aseo y refrigeradores, estarán sujetos a un tributo más alto, con el fin de compensar la devaluación que ha sufrido el peso en el último año. De ese tenor es la argumentación esgrimida por Quito que sostiene que el diferencial cambiario es el culpable de que el intercambio binacional esté desequilibrado. Debido a ello, 1.192 subpartidas han sido gravadas con aranceles del 20 al 30 por ciento, 96 con aranceles del 32 al 86 por ciento, y las 58 restantes con aranceles del 5 al 17 por ciento.
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