Reforma a la Ley 100: ¿un paso atrás? | Finanzas | Economía | Portafolio

Reforma a la Ley 100: ¿un paso atrás?

El proyecto de reforma del sistema general de seguridad social en salud que cursa actualmente en el Congreso de la República, sería, de aprobarse, un paso atrás en la necesaria modernización en la provisión de salud a los colombianos, especialmente a los más pobres.

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mayo 19 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-05-19

Uno de los fundamentos básicos de la reforma que se introdujo en el sistema de salud con la ley 100 de 1993 consiste en la libre escogencia, con la cual, tal como lo señala el artículo 153 de dicha ley, se debe permitir la participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración y la prestación de los servicios de salud, bajo la regulación y vigilancia del Estado, y asegurar a los usuarios la posibilidad de selección entre las entidades promotoras de salud y entre las instituciones prestadoras de servicios de salud. Se buscaba que a través de una sana competencia, los diferentes proveedores de aseguramiento o de servicios, tanto públicos como privados, se esforzaran por mejorar sus niveles de calidad del servicio y por reducir sus costos. Ya la Ley 715 de 2001 (art 51) había debilitado este principio de la libre escogencia cuando estableció que las entidades que administran los recursos del régimen subsidiado de salud debían “contratar y ejecutar con las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas del orden municipal o distrital de la entidad territorial sede del contrato no menos del 40 por ciento del valor de la Unidad de Pago por capitación subsidiada”. El proyecto de ley puesto en estos momentos a consideración de la Cámara de Representantes, y nos referimos al documento presentado por la mayoría de los ponentes, eleva esta obligación al 65 por ciento. Establece además que la evaluación de la contratación mínima se hará en función de lo “realmente ejecutado y no de lo formalmente contratado”. Para entender los problemas que generan este tipo de disposiciones, es necesario remontarse al esquema sobre el cual funciona el sistema de aseguramiento. El afiliado debe escoger la entidad aseguradora a la cual se vincula (EPS). Aceptemos en principio que en algunas localidades no sea realista esperar una abundancia de entidades aseguradoras. Pero la aseguradora sí debe proveer a sus beneficiarios un abanico de alternativas de prestación de servicios (IPS), de tal manera que ésta pueda escoger aquella que mejor se acomode a los parámetros buscados de localización y calidad del servicio. La IPS seleccionada atiende al paciente, le proporciona el tratamiento necesario, y factura el servicio a la ARS. El resultado final en términos de cuál es el peso de la facturación de cada entidad prestadora de servicios lo habrá determinado, no la ARS, sino los afiliados mismos. De aprobarse la propuesta de los ponentes, ¿qué responsabilidad podrá tener la aseguradora en el evento en que los porcentajes de facturación no lleguen al citado 65 por ciento? Podría argumentarse que el problema se soluciona en la medida en que las ARS contraten con el sistema de capitación. Es decir, se firme entre ellas u las IPS contratos en los cuales éstas se comprometan a atender a un paquete de afiliados, cualquiera que sea el tipo de eventos de salud que se presenten. Esta situación lleva a acabar definitivamente con el principio de libre escogencia: no es posible, ni eficaz, ni administrativamente manejable, que un afiliado esté matriculado en dos IPS distintas. En segundo lugar, convierte a las IPS en aseguradoras. Estas no están ni financiera ni técnicamente en posibilidad de asumir estos riesgos. Desfases importantes entre las frecuencias de eventos calculados actuarialmente y los resultados obtenidos pueden afectar de manera sustancial sus escasas reservas financieras. Una IPS no dispone además de la información actuarial ni de los perfiles de la población asegurada, que le permita negociar con las EPSs unas tarifas proporcionales al riesgo incurrido. Por otra parte, con el esquema de capitación las ARS, o., como las llama el proyecto, las EPS del régimen subsidiado profundizarán su tendencia a convertirse en unos intermediarios inútiles en el sistema de seguridad social en salud. El proyecto contempla (art. 19, parágrafo 1) que cuando la población afiliada manifieste rechazo a los servicios de las Empresas Sociales del Estado (léase IPS públicas) contratadas, la EPS podrá contratar en mayor proporción con las otras IPS que cumplan las condiciones señaladas en este artículo. No se establece en ninguna parte de la ley cuál será el mecanismo que utilizarán las comunidades para expresar ese rechazo. La pregunta obvia que surge es la siguiente: ¿no será a través de la escogencia de la institución prestadora de servicios de salud el mecanismo más claro mediante el cual la población afiliada puede manifestar su aceptación o rechazo de ellas? ¿Por qué no aceptar que los afiliados ‘votan con los pies’? Es indudable que el sistema nacional de seguridad social en salud necesita ajustes importantes que mejoren la calidad de la vigilancia y control estatal, que disminuyan la evasión del régimen contributivo, y que enfrenten la rampante corrupción que afecta al régimen subsidiado en muchas regiones del país. Pero el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso está lejos de enfrentar esos problemas. Por el contrario generará distorciones adicionales al sistema. En esas condiciones, lo deseable sería que se hundiera dicho proyecto y que la discusión comenzara de nuevo. "Sería mejor hundir el proyecto de ley que cursa en el Congreso y comenzar de nuevo la discusión para solucionar los evidentes problemas que hay”."Hay que tener cuidado con la eliminación de la libre escogencia en salud, como lo pretende el proyecto de reforma a la Ley 100 que se tramita en el Congreso de la República”.Francisco Azuero Z. Profesor F. de Administración, Universidad de Los Andes

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