‘Reforma pensional debe tener un diálogo previo'

Los actores relacionados con la seguridad social están pendientes de retomar las discusiones sobre una reforma pensional, entre ellos Fasecolda. El gremio de los aseguradores advierte que es necesario que haya conversaciones antes de someter a aprobación cualquier iniciativa.

‘Reforma pensional debe tener un diálogo previo'

Archivo Portafolio

‘Reforma pensional debe tener un diálogo previo'

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octubre 15 de 2015 - 02:37 a.m.
2015-10-15

Dentro de pocos meses volverá a encenderse la discusión sobre una reforma pensional. Aunque el Gobierno aún no ha dado muchas luces, los actores involucrados, entre ellos la industria aseguradora, han insistido en que haya una comisión de expertos y un diálogo previo antes de que la iniciativa llegue al Congreso.

Sobre este y otros temas, Jorge Humberto Botero, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), habló con Portafolio.

¿Cuál es su visión de la economía?

Estamos en una situación caracterizada por tasas de crecimiento inferiores, una brecha amplia en la cuenta corriente, una devaluación acentuada y lo más preocupante: altas tasas de inflación. Esto pone a prueba la capacidad institucional del Gobierno y del Banco de la República para gestionar la economía en un momento tan difícil. Mi apuesta es que, en medio de las dificultades, harán lo que tengan que hacer. Es una tradición de Colombia tener buena institucionalidad macroeconómica.

¿Cuáles son los riesgos?

Hay dos que hoy lucen distantes, pero si se materializan tendrán consecuencias muy nocivas. El primero es un riesgo de pérdida de grado de inversión que asignan las calificadoras de deuda, que fue lo que le ocurrió a Brasil. No tengo duda de que el Ministro de Hacienda y el Banrepública saben qué hacer para evitar que ese riesgo se materialice, pero sería bueno divulgar los hitos de esa estrategia para que los actores políticos y económicos comprendan los esfuerzos y costos que implica una política prudente en materia fiscal.

¿Y el otro?

El otro tema importante es un eventual colapso del Gobierno de Venezuela. Esto puede generar dinámicas de expulsión de población y desde el punto de vista geográfico, hay algún impacto sobre Guyana y un impacto enorme sobre Colombia. Hay que hacer, discretamente, ejercicios de simulación para afrontar una contingencia mayor de este tipo. Me ha gustado la capacidad institucional del Gobierno colombiano para afrontar la crisis de la expulsión de colombianos desde Venezuela, pero habrá que ver si la institucionalidad es lo suficientemente robusta en caso de que el flujo de personas tenga una magnitud mayor. Los impactos fiscales de una contingencia de ese orden serían muy importantes.

Se dice que el 2016 será más complejo…

Tengo el anhelo que la ejecución de los proyectos 4G tenga mayor dinamismo, y eso sería bondadoso para la economía porque ese proyecto fue pensado con una óptica de largo plazo, pero puede servir en la coyuntura actual como una herramienta anticíclica. El impacto positivo del desarrollo de infraestructura será tenido en cuenta y la idea es mantener una tasa de crecimiento de 3 por ciento o más para 2016, que es baja, pero que sería adecuada en el contexto internacional.

Constantemente menciona el tema pensional...

En pensiones, los problemas son graves y suficientemente conocidos, como baja cobertura, regresividad e insostenibilidad fiscal. Buena parte de eso no tiene que ver con la seguridad social, sino con la disfuncionalidad del mercado laboral. La reducción de parafiscales que se realizó en la reforma tributaria del 2012 tuvo efectos positivos en el empleo formal. Hemos advertido una dinámica de traslados desde el régimen de ahorro individual al de prima media, pero en muchos casos han tomado decisiones equivocadas, porque las complejidades financieras que soportan las decisiones no están al alcance del ciudadano del común. El Gobierno se ha propuesto tomar medidas para mejorar el nivel de conocimiento de los afiliados, y preservar su derecho de elegir entre regímenes, lo cual a mi modo de ver debería suprimirse en una reforma estructural.

En marzo retomarían las discusiones pero, ¿es oportuno en momentos en que se trabaja una reforma tributaria estructural?

La discusión de una reforma pensional nunca tiene momentos buenos. Desde una óptica política es difícil para un gobernante decirle a la sociedad que absorba unos costos de manera inmediata para que los beneficios se vean en el largo plazo. Además, eso suscita una enorme polaridad ideológica: los sindicatos son amigos de los regímenes estatales, que supuestamente aíslan al trabajador de todos los riesgos –cuando en realidad no es así porque es toda la sociedad quien los asume a través del sistema fiscal–, mientras que trabajadores con mayor grado de cultura económica creen en las bondades del sistema de ahorro acompañadas de mecanismos fiscales en beneficio de los más pobres.

¿Qué se puede hacer?

He pensado que, siguiendo el antecedente de Chile, se haga desde ya una comisión de alto nivel para que los distintos actores involucrados intenten llegar a consensos básicos a partir de una propuesta gubernamental. Sería un error que, sin un diálogo social previo entre academia, gestores de política pública, trabajadores, sindicalistas y empresarios, se llevara al Congreso una iniciativa. Si el Gobierno está pensando que el próximo año deberíamos tener una reforma estructural, el primer paso no debe ser llevar una propuesta al Congreso, hay todo un proceso previo que hay que realizar desde ya.

¿En qué va el Soat electrónico?

El Gobierno se ha comprometido a que en noviembre saldrá la normativa de desmaterialización del Soat y que empiece a funcionar el año entrante. Eso será una innovación muy importante porque disminuirá el fraude y, al reducir costos de operación ayudará a devolverle factibilidad financiera de largo plazo, y es una forma para que recupere o evite los riesgos que solo se pueden conjurar aumentando las tasas de cotización, que es algo que yo no quisiera que pasara.

¿En qué otros temas están trabajando?

En riesgos laborales, hay problemas estructurales no resueltos. El primero es el costo del recaudo, porque en el Pila para trabajadores de bajos ingresos el asegurador recibe menos prima de lo que le cuesta percibir la cotización, y aquí la solución es reducir el número de empleadores que pueden acudir a la planilla física. El segundo tema es que hay actividades mal clasificadas y cuyas primas son más bajas frente al riesgo que asumen.

luicon@eltiempo.com